Fausto Giraldo
Se han hecho públicas posibles candidaturas de binomios para la Prefectura de Imbabura: Jomar Cevallos, quien aún no definiría a su compañera o compañero de fórmula; Mario Conejo junto a Hilda Herrera; Richard Calderón con Cristina Males; Gabriela Rivadeneira y Carlos Arias; y Álvaro Castillo con Gabriela Jaramillo. Aún faltaría la representación de otros sectores políticos y sociales.
Sin embargo, desde un análisis inicial, es importante puntualizar los aspectos que podrían marcar el inicio de la contienda electoral:
Entre algunos binomios, al parecer, existiría una disputa por una misma fuente de electores. Las figuras de Rivadeneira, Calderón y Conejo provienen del denominado “Correísmo”, lo que podría fragmentar su votación. Frente a ello surge una interrogante: ¿existe una confrontación interna dentro de esa corriente política?
La gestión de la Prefectura no puede limitarse a la ejecución de pequeñas obras, sino orientarse a acciones de impacto que permitan resolver problemas fundamentales del territorio: el fortalecimiento productivo y agrícola, el impulso al turismo, sector actualmente relegado, el mejoramiento vial, el riego y la protección ambiental, competencias exclusivas de los gobiernos provinciales. A ello debe sumarse, como eje estratégico, la categoría de “Geoparque Mundial”, que hasta ahora no ha sido aprovechada de manera adecuada.
Hay tener claro que Imbabura está habitada por una amplia diversidad étnica: mestizos, pueblos indígenas y afroecuatorianos. Por ello, cualquier propuesta y accionar político debe respetar esa realidad, promover la inclusión y evitar cualquier forma de vulneración o exclusión.
Las autoridades electas deben considerar la participación ciudadana dentro de la gestión pública, impulsando un modelo participativo real en el que prefecto y viceprefecto incorporen las propuestas de la ciudadanía en el desarrollo de su mandato.
El respeto hacia los habitantes es fundamental, incluso hacia quienes trabajan en estas instituciones. No se puede construir una gestión basada en el autoritarismo, el insulto, la vulneración de derechos o el incumplimiento de las disposiciones legales.
Solo la ciudadanía tiene la capacidad de valorar si estos perfiles cumplen o no con tales condiciones para hacerse merecedores del voto.
