En el mes de octubre de 1996, el entonces presidente del Ecuador, Abdalá Bucaram proponía que los violadores sean castigados con la castración o la anulación química de su capacidad reproductiva.
La prensa de ese entonces informaba que el proyecto de ley “no será puesto a consideración de la Iglesia Católica y pasará directamente al Congreso para su discusión”, arguyó Miguel Salem, secretario de la administración de gobierno.
Anteriormente, el jefe de Estado había elevado al clero un proyecto para reinstaurar la pena de muerte para los delitos de violación, tortura y asesinato de menores de edad. pero su contenido fue rechazado por la Iglesia, así como por partidos políticos y organizaciones sociales.
“Que sigan violando, que sigan matando y torturando a nuestra niñez”, se lamentó Bucaram ante esa decisión.
Sin embargo, la propuesta de “impotencialización”, como la llamaba el ex mandatario, es vista por organismos humanitarios como un sustituto a la pena capital “que igualmente no erradica las fallas del sistema judicial, ni los problemas de la sociedad”.
“La violencia del Estado, manifestada a través de su legislación, sólo puede generar más violencia”, según Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. (FIN/IPS/mg/dg/pr-ip/96)
