Los datos sobre violencia de género en el país son alarmantes. Según la última encuesta realizada por el INEC, 6 de cada 10 mujeres enfrentan violencia en el Ecuador; cada tres días una mujer es asesinada.
Desde agosto de 2014 al 20 de enero de 2019, se han judicializado 313 casos de femicidio[1]; sólo en el 2018, se cuentan 59. Estas cifras indican que hasta ahora la respuesta por parte de las instituciones del Estado no ha sido suficiente.
Ante estos hechos, el Consejo de la Judicatura Transitorio resuelve:
1) Expresar sus sentimientos de pesar por estos actos a los familiares de las víctimas.
2) Exhortar a los operadores de justicia que tramitan estas causas y otras similares a actuar con la mayor diligencia, respetando el debido proceso, aplicando la normativa nacional e internacional correspondiente, conforme a la resolución 109A-2018, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 27 de noviembre de 2018, mediante la cual resuelve: “Declarar como prioridad la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y femicidios que ingresen a la Función Judicial”.
3) Reiterar su compromiso con el derecho a una vida libre de violencia. Compromiso dentro del cual ha venido ejecutando el “Plan para implementar la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” conjuntamente con la sociedad civil y otras instituciones del Estado y ha declarado como política prioritaria la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y femicidios.
4) Invitar a formar parte y fortalecer las Mesas de Justicia y Género que a nivel provincial se están organizando con el ánimo de actuar con la sociedad civil en la vigilancia de la tramitación de esas causas con el fin de reducir las prácticas del sistema judicial que perpetúan y naturalizan la violencia de género.
