Por: David Rosero
Twitter: @davidroserow
El incremento de la corrupción es directamente proporcional a la concentración de poder. En 2005 el Presupuesto del Estado era cerca de $ 7.345 millones, en ese entonces la Comisión de Control Cívico de la Corrupción estimó que el país perdía por corrupción alrededor de $ 2.000 millones anuales. ¿Cuánto se pierde por corrupción actualmente? Varias cifras nos pueden dar una estimación cercana a los $ 8.000 millones:
Por la bonanza petrolera y los impuestos, el Presupuesto del Estado en los últimos años se incrementó aceleradamente, hasta llegar a cerca de $ 34.897 millones de dólares en 2015, más de 4 veces el presupuesto de 2005.
En 2013, el 71% de las denuncias que afectaban los derechos de participación o generaban corrupción no fueron admitidas, 18% fueron archivadas por una mayoría al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y solo 11% se investigaron. En 2014 el índice de transparencia estatal elaborado por el CPCCS arrojó una cifra alarmante: 52 sobre 100 (que en términos académicos equivale a una pérdida de año).
La organización Transparencia Internacional sigue ubicando al Estado Ecuatoriano como una de los más corruptos del mundo.
El gobierno recortó el presupuesto para la lucha anticorrupción en 2015. Se recortó recursos para medir la transparencia de las instituciones públicas. El CPCCS solicitó al Ministerio de Finanzas $ 3´658.821 pero se aprobó apenas $ 65.000, una reducción del 98%.
Hay una deuda pendiente en el combate a la corrupción por parte de la cuestionada Fiscalía. Hasta marzo de 2016, de 1592 Informes de Indicios de Responsabilidad Penal remitidos por Contraloría a Fiscalía entre 2007 y 2016, 744 informes no tenían una respuesta judicial, 386 informes se desestimaron y archivaron; 239 casos terminaron con sentencia, 83 estaban con auto de llamamiento a juicio, 65 tienen sobreseimiento, en 35 se extinguió la acción penal y 40 estaban en instrucción fiscal.
Una fiscalización anulada. Los legisladores para pedir información deben hacerlo a través de la presidenta de la Asamblea, algo absurdo.
La Ley Mordaza afecta a los medios en general, pero específicamente golpea al periodismo de investigación.
El gobierno persigue a quienes denuncian corrupción, lo cual genera una opacidad del Estado.
Denuncias de sobreprecios en la obra pública, despilfarro, nuevos ricos, casos como: CAPAYA, Duzac, come cheques, Dhruv y muchos más, han conmocionado a la opinión pública y son la característica de un gobierno decadente que deberá rendirle cuentas al pueblo.
