“Los intereses políticos pudieron más, los concejales Juan Manuel Mantilla, William Hidalgo, Carlos Arias, Andrea Scacco y Karina Rivadeneira decidieron votar en contra de la reforma que evitaba pagar 10 millones a la familia Morejón y redujeron el marco de acción de la defensa del Municipio de Ibarra en ese caso”, expresó el alcalde de la ciudad, Álvaro Castillo.
“Tres de estos concejales son enemigos de la ciudad. Ellos creen que con boicotear nuestras propuestas me están haciendo un daño mí y no es así. Es la ciudad la que se verá afectada y con ello pretenden frenar nuestro trabajo para intentar ganar votos, pero no les va a resultar, la gente sabe cómo actúan y que intereses persiguen”, sentenció.
El caso Morejón es un litigio que tiene más de 25 años. Durante ese tiempo 6 alcaldes han tomado las riendas del cabildo y solo el último, Álvaro Castillo, se ha empeñado en solucionar definitivamente el problema.
El alcalde descartó la posibilidad de pagar la deuda en efectivo, porque el Municipio de Ibarra no cuenta con 10 millones de dólares en sus cuentas. Pero recalcó que ese monto representa 3 años de presupuesto participativo, se podría construir 22 parques recreativos, adoquinar 35 kilómetros de calles, instalar 100 sistemas de alcantarillado o 333 ibarreños cumplirían su sueño de tener casa propia.
Evitar un perjuicio económico para Ibarra que supera los 4 millones de dólares, es el afán del alcalde del cantón, Álvaro Castillo Aguirre, en torno al proceso judicial que interpuso la familia Morejón al Municipio de la ciudad. Así lo dio a conocer la mañana de este lunes durante una rueda de prensa desarrollada en la alcaldía.
“Nosotros no estamos negando la existencia de la deuda con la familia Morejón y estamos dispuestos a pagar el justo precio. Pero ante la duda, con los técnicos del Municipio realizamos una nueva medición de los terrenos y descubrimos que la superficie real es de 42.929 m2”, manifestó el burgomaestre.
Por ello, Castillo dijo que no descansará hasta encontrar una solución viable que revierta la decisión judicial, la cual obliga al cabildo a pagar 10 millones de dólares por una superficie que debería tener una extensión de 67.604 m2, pero que en realidad tiene 42.929 m2, es decir 24.675 m2 menos.
Entonces, si el dictamen se hace efectivo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra (GAD-I) habrá pagado 3’701.250 dólares demás.
