El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los 131 asambleístas presentes, dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de investigación respecto de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas vinculadas con dicha compañía, conforme al listado de conocimiento público.
La comisión, en el marco de sus competencias, podrá requerir información y documentación, así como disponer la comparecencia de autoridades, representantes legales y demás actores involucrados en estos hechos Asimismo, deberá presentar al Pleno de la Asamblea, en un plazo de 30 días, un informe con las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, a fin de que se adopten las resoluciones correspondientes.
Esta resolución será notificada a la comisión, así como a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, para su conocimiento y los fines pertinentes.
La asambleísta Ana Belén Tapia, proponente del proyecto de resolución, subrayó que “es necesario aclarar, por el bien del país, la ruta del dinero entregado a Progen, que finalmente habrían ido a manos de 29 personas naturales y jurídicas. Entre ellas figura un abogado vinculado al caso Metástasis. Este es un tema que indigna cada vez más”.
Recordó que la trazabilidad de los recursos de Progen fue posible gracias a la demanda internacional presentada por el gobierno del presidente Daniel Noboa Azín en Estados Unidos, con base en la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado y la corrupción. “Hoy vamos a emitir un mensaje contundente de que la Asamblea está cumpliendo con su deber de fiscalizar y de realizar una fiscalización con resultados”, señaló la legisladora.
Durante el debate, en el que intervinieron 20 legisladores, se destacó que la investigación del caso Progen surgió a partir de acciones impulsadas por el propio Gobierno, algo que, según varios asambleístas, no tiene precedentes recientes en la política ecuatoriana. Recordaron que ningún otro régimen habría recurrido a la Ley RICO para rastrear la ruta del dinero en un caso de presunta corrupción.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de identificar a los verdaderos responsables de este perjuicio al Estado y enfatizaron que no solo corresponde sancionarlos, sino también recuperar los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos.
