El secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, Iván Granda, y la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, presentaron la resolución para la desclasificación de información en el caso del cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, disuelta el 12 de junio de 2013.
La resolución contempla la publicación de información que fue catalogada como reservada tras una auditoría realizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), y que determinó inconsistencias en los movimientos financieros en la cooperativa.
Hernández manifestó que la SEPS realizó un proceso de control al amparo de la Ley. “De manera paralela, la Superintendencia, con la información del proceso de supervisión, trasladó los documentos y denuncias a la Unidad de Análisis Financiero como a la Fiscalía General del Estado para iniciar la investigación por los delitos de lavado de activos y peculado, y se analizaron a acreedores que no pudieron justificar el origen lícito de sus fondos”, dijo.
Por su parte, el titular de la Secretaría Anticorrupción informó que hizo un pedido para recibir la información desclasificada, el cual ya fue atendido esta mañana. “Hemos logrado la desclasificación del caso Coopera, que ha sido un anhelo de las organizaciones sociales. Estamos hablando del mayor lavado de activos del Austro”, señaló.
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