La Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social avocó conocimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 17 de junio, mediante la cual se dispuso el inicio de un proceso de fiscalización para conocer y analizar los presuntos casos de tercerización, intermediación laboral y otros mecanismos de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales, a través de sus empresas públicas.
La resolución expresa el rechazo del Legislativo a toda práctica de tercerización e intermediación laboral que vulnere los derechos de los trabajadores encargados de las labores de aseo y limpieza de calles y veredas, así como del mantenimiento de parques. Asimismo, ratifica el compromiso con la defensa del trabajo digno y estable, conforme a los principios establecidos en la Constitución.
Como parte del proceso de fiscalización, la comisión podrá solicitar información y documentación, así como convocar a comparecer a autoridades y representantes de las instituciones involucradas, con el propósito de determinar si existieron vulneraciones a los derechos laborales en los procesos de contratación implementados por las empresas públicas municipales.
