La Asamblea Nacional dio un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado. El Pleno tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”, presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
La normativa busca fortalecer la respuesta estatal y limitar la capacidad operativa, territorial y económica de las estructuras delictivas.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, señaló, durante la presentación del informe, que el crimen organizado no solo aspira controlar los cargamentos de droga, sino también las condiciones que le permitan mantener sus operaciones. Para ello, procura controlar rutas, recursos económicos e información; obtener protección; y corromper y penetrar las instituciones encargadas de combatirlo.
La autora del proyecto de ley, la presidenta Mishel Mancheno, recordó que, desde 2025 y en lo que va de 2026, el país registra 316.000 toneladas de droga incautadas, 796.000 de material aurífero, 477.000 municiones, 2.533 millones de galones de combustible y USD 3.418 millones vinculados a estas redes criminales.
En este contexto, enfatizó que la iniciativa pretende que el Estado deje de reaccionar únicamente frente a los hechos violentos y pase a combatir de manera integral a las organizaciones criminales, sus estructuras, fuentes de financiamiento, patrimonio, control territorial e infiltración institucional. Se plantea llegar a quienes organizan, dirigen, financian, ejercen mando o control, coordinan estratégicamente, reclutan, facilitan infraestructura o proporcionan recursos con conocimiento de la finalidad criminal.
Añadió que, para golpear las economías criminales, otro de los ejes centrales es la persecución patrimonial. Mencionó que existirían aproximadamente 583 bienes inmuebles y 2.600 automotores relacionados con organizaciones criminales y con el narcotráfico, cuyo cuidado genera gastos públicos.
El proyecto también plantea mecanismos para una gestión más eficiente de los bienes incautados, considerando su conservación y eventual venta anticipada en los casos previstos por la normativa.
Mancheno aclaró que la reforma no criminaliza la defensa técnica, sino el uso doloso de la profesión para facilitar o encubrir actividades criminales. La inhabilitación de abogados procederá conforme a sentencia ejecutoriada.
