La Asamblea Nacional aprobó, con 85 votos, el inicio de un proceso de fiscalización a la Resolución del Consejo de la Judicatura, emitida el 7 de septiembre de 2026, mediante la cual se suprimieron y modificaron determinadas dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
El proceso fue asignado a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que analizará los elementos, documentos e informes técnicos que sustentaron la decisión, así como el procedimiento seguido para su adopción.
El asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la resolución, señaló que una medida de esta naturaleza requiere conocer sus fundamentos y contar con la información necesaria para su análisis. En este marco, sostuvo que corresponde a la Función Legislativa solicitar las explicaciones pertinentes, de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales.
“Suprimir las dependencias judiciales especializadas para juzgar delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado no es un asunto menor”, enfatizó.
Durante el proceso, la Comisión de Justicia podrá requerir información, documentación e informes técnicos, además de convocar a autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, expertos y otras personas que considere pertinentes.
Una vez concluida la fiscalización, deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe con las conclusiones, observaciones y recomendaciones correspondientes.
