Por Hugo Muleiro*

El gobierno del presidente derechista Mauricio Macri se encamina a un asalto total al Poder Judicial, para desplazar a fiscales y jueces que no son de su agrado y que ocupan posiciones en las que no están respondiendo a un imperativo político doble: garantizar la cobertura para los funcionarios propios y profundizar el ataque a los adversarios políticos, si es necesario pisoteando las leyes.

En esa mecánica se inscribe un hecho registrado el jueves 8 de septiembre, que según el ex juez de la Corte Suprema argentina Eugenio Zaffaroni, ahora miembro de la Corte Interamericana, no tiene precedentes en la historia del país. Un grupo de representantes del gobierno, legisladores oficialistas y hasta un embajador, empresarios aliados, periodistas de algunos de los medios que responden a la élite gobernante y “personalidades” afines publicó un aviso pago en dos de los diarios alineados con Macri, Clarín y La Nación, para reclamar la destitución del juez federal Daniel Rafecas.

Este magistrado, durante el gobierno que concluyó el 10 de diciembre de 2015, rechazó una denuncia que había presentado el fiscal especial Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller, por un entendimiento con Irán destinado a lograr que la justicia argentina pudiera interrogar a ciudadanos de ese país acusados de ser responsables del atentado a la mutual judía AMIA, perpetrado en 1994 en Buenos Aires, que causó 86 muertos.

Nisman la acusó de “encubrir” a los supuestos terroristas, en enero de 2015, y días después murió en su apartamento de Buenos Aires. Los medios periodísticos que encabezaban la oposición a la presidenta, con el conglomerado de cientos de emisores que detenga Clarín en todo el territorio, instalaron inmediatamente la idea de que Fernández de Kirchner mandó a matar al fiscal, aunque todas las pericias disponibles apuntan a la hipótesis de suicidio.

Llegaron a hablar, incluso, de una célula cubana-venezolana-iraní como autora del “asesinato”. Lanzaron la hipótesis de que la entonces presidenta y su canciller habían operado para que se suspendiera la orden de arresto internacional de los acusados (“alerta roja”), lo que fue desmentido rotundamente por Interpol.

Rafecas fue el juez que tomó la acusación del fiscal –quien en los días previos a su muerte mantuvo comunicación intensa con representantes de la oposición política, hoy funcionarios del gobierno macrista- y la rechazó por falta de pruebas. Los acusadores apelaron el fallo, que fue respaldado por el tribunal de alzada.

Pero desde que Macri accedió al poder, la ofensiva política y comunicacional para poner a la ex presidenta como asesina de fiscales y cómplice del terrorismo se reanudó con bríos. Los sectores, locales e internacionales, que quieren imponer a toda costa la hipótesis de la responsabilidad iraní en el atentado, cerrando sin investigar otras pistas, pidieron la reapertura de la causa. Rafecas rechazó este pedido y ahora estamos en vísperas del pronunciamiento del mismo tribunal de alzada al respecto, ante una nueva apelación.

En esa espera irrumpe el aviso pago en los diarios oficialistas pidiendo la destitución del juez, lo que motivó la reacción de otros jueces, fiscales, juristas, sociólogos, dirigentes políticos y también periodistas, respaldando la estabilidad del magistrado y reclamando que, en todo caso, los cuestionamientos hacia él se tramiten por las vías institucionales.

El pedido de destitución fue denunciado como una maniobra grosera de presión contra la Cámara Nacional de Casación que se apresta a pronunciarse otra vez sobre el tema.

Pero esta no es la única maniobra contra figuras del Poder Judicial que el oficialismo quiere desplazar a cualquier precio.

Los mismos diarios oficialistas anuncian el domingo 11 de septiembre que se renuevan acciones para desplazar a la procuradora general de la Nación –la jefa de los fiscales- Alejandra Gils Carbó, señalada como “kirchnerista” por haber sido designada durante el gobierno anterior mediante la aprobación parlamentaria prevista. Por un lado, una comisión legislativa dominada por el macrismo y sus aliados comenzará a sesionar para evaluar su desempeño. Por el otro, el oficialismo lanza un proyecto de ley de reforma del ministerio público que tiene como finalidad central un cambio de condiciones que determine el desplazamiento de la procuradora.

Y hay más: otra jueza federal, Martina Forns, adoptó una medida cautelar –provisoria- contra un aumento de las tarifas del servicio eléctrico, por considerar que los nuevos valores son impagables para una parte significativa de la población. El fallo cautelar significa que el aumento no se aplique hasta que se dé con una solución de fondo. La reacción no se hizo esperar: la magistrada recibió amenazas cerca de su domicilio; su esposo, un empleado estatal, fue despedido; y la Corte Suprema, al tomar el fallo de Forns, lo rechazó con términos que la descalificaron profesionalmente.

En suma, al igual que en tantos países de América Latina, las oligarquías locales, con sus conocidos aliados internacionales, levantan la voz cuando están en la oposición, denigrando a los gobiernos que llaman “populistas” con acusaciones de avasallamiento a la ley, manipulación de los jueces. Gritan por transparencia, apego a las normas, rectitud institucional, y cuando llegan al poder hacen todo lo contrario: usan esas mismas instituciones para sus intereses minoritarios, lanzan operaciones “legales” contra todos los adversarios, usan sus medios para perseguirlos y no se privan de recurrir a amenazas mafiosas.

Argentina está alejándose del Estado de Derecho y está cayendo en un estado de excepción: fiscales y jueces amigos avanzan sin descanso contra todos los adversarios del gobierno, y congelan o desestiman toda causa contra los representantes del poder político y económico que tiene el control del país, empezando por el propio Macri. Y si hay miembros de la justicia díscolos, que no siguen la línea, los hostigan, los denigran, los amenazan. Argentina está entrando velozmente en un estado de negación de justicia.

*Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (COMUNA)