La Comisión de Fiscalización y Control Político inició este lunes 16 de junio un proceso de investigación sobre presuntas actuaciones irregulares por parte de operadores de justicia en el contexto del actual conflicto interno que enfrenta Ecuador.
Para este propósito, la comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado.
El Ministro del Interior reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.
John Reimberg recordó que de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia. Reveló que cuando se denuncia la actuación irregular de determinados jueces hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó.
Mientras, el Comandante de la Policía aseguró que la Institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo de la Policía Nacional.
Aseguró que cerca del 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador. Esta realidad hace necesario revisar los procedimientos para la calificación de flagrancia y las condiciones básicas para dictar medidas sustitutivas, con el propósito de sancionar oportunamente esas prácticas y evitar la impunidad, añadió.
