Por Raúl Chávez
Experiodista acreditado ante la ONU-Ginebra
El contundente rechazo al gobierno en la consulta popular del 16 de noviembre puede explicarse desde la óptica de la comunicación política. En primer lugar, la estrategia de comunicación resultó insuficiente para trasmitir con claridad las propuestas. A ello se sumaron declaraciones ambiguas de ministros sobre temas sensibles – entre otros, como la eventual trasferencia de los servicios de salud del IESS al MSP- que generaron incertidumbre y temor en el electorado…
El gobierno enfocó su campaña (quizás por el corto tiempo) en redes sociales destinados a un segmento joven, ignoró la realidad del electorado mayoritario y la eficacia comprobada de campañas tradicionales de contacto directo- puerta a puerta-. A esto se sumó una peligrosa dependencia de encuestas que terminaron siendo erróneas lo que generó una falsa sensación de seguridad.
El vacío dejado por esta falta de conexión fue aprovechado por campañas de desinformación, que dominaron el espacio digital y moldearon precepciones. No es un fenómeno aislado; El Foro Económico Mundial advierte que la desinformación es hoy el principal riesgo global a corto plazo, con implicaciones directas para la estabilidad política y la seguridad nacional.
En países europeos, como en Francia y España, existen medios digitales que se especializan en contrastar la información que circula en redes sociales que permite reducir la propagación de rumores. El rumor en política es una información no verificada que se propaga muy rápido, influye en la opinión pública, trasmite un impacto negativo de un gobierno, o de actores políticos, además, polariza una sociedad.
En Ecuador, el 80 % de la población total es usuario de internet (más de 15 millones) están conectados. Las redes sociales más populares son Facebook, YouTube y TikTok
Según el último informe de la OEA es fundamental que el CNE regule la propaganda electoral en plataformas digitales para evitar que se conviertan en “vehículos” de desinformación. Esta regulación debería permitir la eliminación de publicidad pagada que difunda contenido falso sobre el proceso electoral, respetando la libertad de expresión establecida en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que protege el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio…
