Por Raúl Chávez
Experiodista acreditado ante la ONU- Ginebra
Periodista y Abogado litigante
La comunicación del Gad municipal de Otavalo y de la máxima autoridad durante el “paro focalizado”, se caracterizó por una marcada ambigüedad. La falta de postura clara frente a las legítimas demandas de los movimientos indígenas (fondo) y de la ciudadanía en general, que exigía una intervención efectiva para frenar los actos violentos (forma), evidenció un conflicto de intereses políticos y una deficiente gestión comunicacional por parte de la máxima autoridad. Esta situación puso en relieve una preocupante incapacidad para comunicar con claridad en momentos críticos.
La ambigüedad- intencional o no- en la comunicación política genera incertidumbre, confusión y perdida de credibilidad. Un discurso “como para pasarse de listo” o inconsistente debilita la confianza pública. Estas consecuencias se alinean con las ideas existencialistas sobre la libertad y la responsabilidad: actuar o no, es una elección, y cada elección conlleva consecuencias que deben asumirse con responsabilidad.
La toma de decisiones políticas por parte de las autoridades debe ser en nombre de sus conciudadanos, esto implica que no se debe priorizar intereses personales, políticos, o de grupos, sino que debe tomar decisiones que beneficien a la colectividad, de conformidad con lo que establece el concepto de representación política.
Las decisiones o actuaciones de la autoridades sean consideradas acertadas o no, serán evaluados por la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo. Existe la percepción de que, en el ejercicio del poder, todo esta permitido con tal de conservarlo. La experiencia vivida en Otavalo durante el paro, más intensa que las ocasiones anteriores (2019, 2022), subraya la necesidad de una comunicación trasparente y coherente por parte de las autoridades.
La participación ciudadana es fundamental para asegurar que la toma de decisiones sea representativa, permite la corresponsabilidad social en la toma de decisiones. En tiempos de crisis el liderazgo debe estar guiado por principios éticos y un compromiso genuino con la ciudadana. Solo así se puede fortalecer la confianza publica y preservar el valor histórico y cultural de la ciudad.