(El mito del vínculo entre titulación universitaria y
desempeño de la Asamblea Nacional )
Por: Juan Manuel Fuertes
Algunas opiniones difunden la hipótesis que el problema de la mediocridad en el
desempeño institucional público en Ecuador, en general, se debe esencialmente a la falta
de exigencia de formación y titulación académica universitaria de quienes son electos para
los espacios de representación ciudadana. En principio tal argumento podría aceptarse
como parte de los requisitos para la eficacia meritocrática que debería caracterizar a la
democracia moderna. No hay estudios conocidos que verifiquen tal supuesto, por lo que
cabe ensayar la comprobación tomando como ejemplo el desempeño parlamentario.
En el país, al análisis político suele despojársele de su condición científica. Impera el juicio
intuitivo y la simplificación. A título de opinión, con frecuencia, se difunden meras
percepciones que distan de la verdad objetiva. Al carecer de rigor, los deficientes
diagnósticos disparan remedios sustentados en la falacia Cum hoc ergo propter hoc
(después de esto automáticamente esta consecuencia), que suelen implementarse
aceleradamente con iniciativas de cambios constitucionales y legislativos, perdiendo de
vista la profundidad de la problemática y la complejidad de las soluciones eficaces.
EL ROL DEL PARLAMENTO EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO
Los parlamentos cumplen funciones fundamentales en el sistema democrático: representan
la pluralidad del país, institucionalizan el procesamiento del conflicto a través de la
negociación y el acuerdo político, constituyen foros de debate, colegislan, fiscalizan y
contrapesan a otras funciones estatales, contribuyen en la formulación de políticas
públicas, etc.
En Latinoamérica, su intervención en la institucionalización del conflicto y las difíciles
condiciones para alcanzar acuerdos en culturas poco tendientes al consenso y con lógicas
políticas caudillistas del amigo/enemigo que fomentan la suma cero, agravadas por la
representación excesivamente fragmentada, vuelven al Órgano Legislativo inoperante y
desaprobado por la ciudadanía; lo que unido a conductas abiertamente ilegales y
deshonestas de algunos de sus integrantes (como los “diezmeros” o “mochasueldos”,
partícipes en negociados, etc.) y el rol más activo asignado al Ejecutivo, lo han
desprestigiado notablemente. Es usual que el público los tilde como “circos” y a sus
integrantes de “payasos”.
El nivel de fragmentación, polarización, pugna e ineficacia de la Asamblea Nacional electa
en 2021, disuelta por la “Muerte Cruzada” decretada por el Presidente Lasso en mayo de
2023, actualizó el discurso de la falta de titulación universitaria como fuente del problema. Es
previsible que tal argumentación causal persista con los nuevos parlamentarios fruto de la
elección anticipada, que entrarán en funciones en las próximas semanas.
Analizando los periodos 2017/2021 y 2021/2023 verifiquemos si, realmente, la carencia de
titulación universitaria de los asambleístas ha sido la causa eficiente del último fracaso del
legislativo ecuatoriano.
Es cuestionable que se asigne per se al conocimiento académico/universitario, la cualidad
de proporcionar herramientas para ejercer un buen gobierno en los diversos niveles y
espacios; sin tomar en cuenta la categoría del centro de estudios, la carrera específica, la
malla curricular, los contenidos, la calidad de los docentes, los métodos pedagógicos y de
evaluación, etc.
Llama la atención que se instale tal hipótesis considerando la creciente movilidad académica
y el incremento de oferta para estudios universitarios no presenciales, a distancia u on line,
que facilita la titulación post bachillerato a ciudadanos en activismo político o con interés de
participación electoral.
(Fuente: página de Consultas de Títulos Registrados SENESCYT)
Porcentualmente, en el periodo 2017/2021 el 80,3% de asambleístas contaban con al menos
un título de tercer nivel registrado en la SENESCYT y el 34% acreditó un título de cuarto
nivel, en tanto para el lapso 2021/2023 los titulados de tercer nivel constituyeron el 82,5% (se
incrementó en 2,3%) y de cuarto nivel el 45% (aumentó en el 11%). En general, la titulación
universitaria de los asambleístas es numéricamente alta, sobre el 80% del total de ellos.
En cuanto a la aceptación ciudadana, en los momentos más bajos en ambos periodos
legislativos se reflejan cifras similares, en tanto que la credibilidad del lapso 2021/2023
supera en 1,8% al del 2017/2021. Sin embargo, los números difieren al finalizar cada ciclo: el
2017/ 2021 concluye con 10,9% de aceptación y 7,6% de credibilidad, mientras el 2021/2023
lo hace con 4,4% y 4,3%, respectivamente.
Fluye una clara paradoja: mientras más títulos de tercero y cuarto nivel ostentan los
legisladores, la ciudadanía califica peor el desempeño de la Asamblea Nacional, al finalizar el
periodo.
En consecuencia, de la revisión de los dos últimos periodos del Parlamento ecuatoriano se
desprende que es inválida la hipótesis, que sostienen algunos sectores de la opinión
ciudadana, atribuyendo a la falta de título universitario como causa determinante del bajo
rendimiento institucional. Tampoco podría asumirse, sin más, que se debe al incremento de
abogados y comunicadores sociales o a la disminución de ingenieros o economistas. La
causalidad hay que escudriñarla en otras variables que no son tomadas en cuenta con rigor
en el debate, pero que sí pueden resultar determinantes en la gestión parlamentaria y la
percepción pública, porque es evidente: la calentura no está en las sábanas.
