*Fausto Giraldo
Frente a sucesos violentos ocurridos en varios establecimientos educativos, el gobierno anuncia un plan para que la policía y fuerzas armadas puedan ingresar y realizar controles, pero las reglas debe ser claras.
Se debe modificar la Ley, pues está prohíbe el ingreso de elementos de seguridad a las instalaciones educativas a menos que la autoridad máxima lo justifique y autorice, de hecho debe mantener el criterio que ingresarán en tanto exista el pedido expreso de las autoridades de la institución y por ningún concepto por disposición de alguna autoridad del ministerio de gobierno, interior, policía o fuerzas armadas.
Se debe contar con un reglamento que señale puntual y con claridad los motivos de incursión: portar armas de cualquier tipo. Portar dro gas de cualquier tipo. Organizar grupos de delincuencia. Ejercer actividades de extorsión, chantaje, vacunas, explotación. Acusaciones de agresión.
La policía y fuerzas armadas deben limitar su accionar y no involucrarse en actividades propias de la organización estudiantil o consejo estudiantil cuando hayan reclamos por maltrato de autoridades o docentes, por violación a derechos, por abuso de autoridad, así como tambien no criminalizar la protesta social cuando se aplican medidas que afectan a estudiantes y pobladores en general.
El trabajo de la seguridad debe ser muy profesional, para ello hay que impulsar procesos de capacitación permanente y los protocolos deben responder a principios de transparencia, respeto, derechos, responsabilidad, cooperación.
Además, quizá un hecho importante, es que no sea lo punitivo lo que prime sino que el plan o protocolo contemplen lineamientos para el tratamiento y reinserción de los muchachos que hayan sido vinculados con el porte de armas, drogas o conductas delictivas en las que se involucre a los padres de familia.
La educación académica se imparte en la escuela, la educación conductual en los hogares, pero la responsabilidad de FORMAR SERES HUMANISTAS, RESPONSABLES, RESPETUOSOS es de la sociedad en general, entendida está como: gobierno, autoridades, instituciones, docentes, padres de familia y comunidad.
Hay que mirar integralmente la problemática, su aplicación y efectos o impacto en todos los ámbitos a efecto de no destruir la frágil interrelación social que existe en el país.
