Más de seis horas duró la audiencia en la que la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán y nueve personas más. La diligencia se extendió desde la noche del jueves 28 de julio, hasta la madrugada de hoy.
La fiscal provincial de Pichincha, Ruth Amoroso, quien llevó la investigación, formuló cargos por presunta delincuencia organizada, precisando que –hasta el momento– se han identificado como supuestos delitos fines el peculado y el enriquecimiento ilícito, sancionados en los artículos 278 y 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respectivamente.
En la audiencia, la fiscal Amoroso expuso su teoría del caso ante la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, Rosario Freire.
Indicó que la presunta estructura criminal, conformada por funcionarios públicos y personas particulares, habría operado desde 2014 en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, aprovechándose de sus funciones para facilitar la obtención de contratos a empresas previamente definidas.
A cambio de estos acuerdos, la presunta organización delictiva habría recibido beneficios económicos que, a su vez, se emplearían en la compra de bienes muebles e inmuebles en diferentes partes del país, a nombre de terceras personas.
La Fiscal Provincial de Pichincha agregó que otra de las formas de delinquir habría consistido en disponer de descuentos a los sueldos de los funcionarios de la Prefectura de Cotopaxi, sin justificar el fin y el uso de estos dineros. Esta actividad –según la investigación– se habría efectuado entre 2017 y 2019.
Jorge Guamán habría ejercido la dirección y mando de la presunta organización, encargándose de aprobar y disponer todas las acciones que eran ejecutadas por su colaborador, Pablo V., quien coordinaba con Carlos V., Margoth T., Pablo A. y José N. los direccionamientos de los contratos públicos a favor de Santiago S., Diego S., Jorge H. y César C., a cambio de beneficios económicos, incrementando así su patrimonio.
Luego de mencionar los elementos de convicción recabados en la extensa investigación, Fiscalía solicitó a la Presidenta de la Corte Provincial de Cotopaxi que se ordene la prisión preventiva para los diez ahora procesados.
Las defensas del prefecto Jorge G. y Margoth T., exfuncionaria de la Prefectura de Cotopaxi, presentaron certificados de ser miembros de comunidades indígenas. Para ellos, la Magistrada dispuso medidas sustitutivas, ordenando la prohibición de salida del país, presentaciones todos los viernes en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi y el uso de grillete electrónico.
Para el resto de procesados, la jueza Freire sí aceptó el pedido fundamentado por Fiscalía y ordenó la prisión preventiva.
Problemas en un sitio de vacunación en Ibarra
En el sitio de vacunación tras el ECU 911 en la ciudad de Ibarra se produjo problemas, por cuanto a quienes esperaban varias horas, les dijeron que ya no había vacunas, lo que provocó el rechazo generalizado de los ciudadanos. Allí se estaba inoculando la segunda dosis con vacunas de todas las marcas
