Con una amplia asistencia de la ciudadanía, el Foro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, efectuado este miércoles en la Asamblea Nacional, recogió las principales visiones jurídica y política, que apuntan a la limitación de las funciones de este organismo, que es parte de la quina función del Estado.
Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Legislatura, al dar la bienvenida a los expositores y participantes, recordó que la construcción del texto constitucional en Montecristi, en 2008, incluyó una estrategia que habría de potenciar la participación ciudadana y, sobre todo, que sea este espacio de poder de la gente el que incida directamente en la selección de las autoridades de control. Si embargo, en la práctica, esta entidad cooptó todas las funciones del Estado, con el interés de un grupo político y una visión de gobierno.
Indicó que, frente a la realidad que vivió el país en la última elección de consejeros de Participación Ciudadana, que demostró un desconocimiento de la población sobre los candidatos, la forma de elección y una falta de coherencia de los propios candidatos en sus propuestas, muchas de ellas ajenas a las atribuciones del Consejo, se hizo necesario iniciar un debate que permita reformar o enmendar la Constitución, para al menos limitar las funciones de esta entidad en materia de designación de autoridades y devolverla al Parlamento.
Añadió que la Asamblea está dispuesta a hacer un gran esfuerzo por consensuar un camino que responda a los intereses del pueblo ecuatoriano, sobre la base de las demandas de distintos colectivos y organizaciones de la ciudadanía.
Wilma Andrade, legisladora y presidenta de Izquierda Democrática, subrayó que lo óptimo sería ir hacia una enmienda a la Constitución, para retirar del Consejo de Participación la facultad de nombrar a las autoridades de control y que esta atribución regrese a la Legislatura, sobre la base de la conformación de una Comisión Especial integrada con 12 miembros: un representante de cada función del Estado; cinco representantes de la academia y dos delegados de la ciudadanía, quienes desarrollarán el concurso para la selección de los titulares de los organismos de control.
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