El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone el inicio de un proceso de fiscalización a cargo de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, con el objetivo de analizar y dar seguimiento a los presuntos incrementos patrimoniales injustificados reportados por alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del país.
La resolución faculta a la comisión para solicitar información, informes técnicos y documentación, así como convocar a comparecencias de autoridades, servidores públicos, representantes de organismos de control, especialistas y demás personas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos investigados. En un plazo máximo de 90 días, la mesa legislativa deberá presentar al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas de este proceso de control político.
Durante la sustentación del proyecto, el asambleísta Fernando Jaramillo enfatizó que la fiscalización constituye una obligación constitucional orientada a garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. Señaló que la ciudadanía demanda explicaciones claras respecto de los incrementos patrimoniales reportados por determinadas autoridades de elección popular desde el inicio de sus funciones.
