Fausto Giraldo

Vivimos una situación compleja, instituciones que gobiernan el país con total descrédito como consecuencia de la incapacidad, corrupción, ausencia de políticas públicas que solucionen necesidades de los habitantes y la encarnizada lucha política por el reparto del poder; así también, la población, en particular los sectores sociales organizados, promueven una permanente acción reclamando y exigiendo atención.

Entonces, ¿podemos o no afirmar que en el Ecuador hay un “Estado Fallido”?, es decir, las instituciones existen porque la ley lo dice, más no porque se cumpla en derecho con su ejercicio eficaz de gobernanza y atención a la población, pues existen expresiones concretas que podrían llevar a afirmar esta realidad.

Desde la larga noche neoliberal, la revolución ciudadana, el morenismo y hoy lassismo, se ha denunciado la corrupción en los poderes; cohecho, concusión, coimas, sobreprecios, tráfico de influencia, diezmos, falsificación y uso doloso de documentos, venta de cargos, entre otros. A esto se suma el cinismo de normalizar el cobro doloso de comisiones por obras y de manifestar que cuando roben lo hagan bien, es decir sin dejar rastro.

Existe un órgano judicial y una ley ineficientes, no se sanciona el delito, al contrario, de forma cómplice, se libera a delincuentes con la aplicación de medidas sustitutivas y habeas corpus, reducción de penas a políticos corruptos y narco traficantes. Jueces y fiscales están involucrados en actos de corrupción y tráfico de influencias, varios incididos por mafias.

La criminalidad, delincuencia organizada e inseguridad están por encima de todo nivel socio político, no menos de quince hechos de sicariato se suceden a diario, así también, asesinatos, homicidios y feminicidios. Nuevos tipos de actos criminales se han incorporado en la agenda delictiva: vacunas extorsivas, secuestro, guerras campales de bandas narco delictivas en zonas comerciales y urbanas, ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo, entre otras, son tierra de nadie, hoy consideradas entre las más peligrosas del país y la región.

Mafias, terrorismo y narco tráfico se apoderan del espacio físico, la niñez, adolescencia y juventud es reclutada para estos grupos. La influencia de la delincuencia organizada llega hasta niveles de gobierno en el Ejecutivo, Asamblea, Cortes, Consejos, Entidades Autónomas, Fuerzas Armadas y Policía, entre otras.

La crisis económica, pandemia y ausencia de políticas públicas para el fomento productivo ha agudizado el desempleo, los indicadores del gobierno jamás dirán lo contrario, más sin embargo, en las calles de la ciudad y el campo, millones de ecuatorianos buscan formas de sustento económico, la informalidad ha aumentado, habitantes que viven con menos de 1.5 dólares diarios, el quiebre de negocios es notable, el despido y salida forzosa es evidente.

La falta de apoyo al campo ha incidido que las población migre a las ciudades en busca de empleo, aumentando así, no solo la desocupación, sino la explotación laboral y que la delincuencia organizada aproveche la necesidad para “utilizar” a la población en movilidad interna en el cometimiento de actos delictivos, consumo de alcohol y sustancias sujetas a fiscalización.

Relativamente a nivel pais, apenas el 25% de jóvenes en capacidad de ingresar a la universidad pública lo hacen, se ha trasladado la responsabilidad desde el gobierno central a las universidades, pero al mismo tiempo se ha recortado su presupuesto y los recursos económicos son insuficientes para financiar infraestructura, tecnología y contratación docente a fin de aumentar el número de cupos. Cabe señalar que no existe pertinencia de las carreras que no se relacionan con necesidades de desarrollo territorial, saturándose de profesionales que no encuentran espacios laborales y abonan al aumento de la masa desempleada.

La niñez y adolescencia soporta la mala calidad de la educación, se suma la falta de presupuesto, infraestructura, número de docentes, cualificación académica y pedagógica, es un modelo educativo caduco. No es sólo la deserción escolar, es también que, producto de las condiciones de vida principalmente en la ruralidad, los niños no asisten a la escuela.

La gravedad de la violencia e inseguridad en el país ha hecho que por varios años el ejecutivo decrete Estado de Emergencia, pero es notable la pérdida de control físico del territorio, las fuerzas armadas y policía nacional no han podido contrarrestar la agresiva presencia de la narco delincuencia, la policía se atrincheró en las unidades de policía comunitaria, paso de la ofensiva a la defensiva.

Un Estado incapaz de responder a emergencias nacionales, fuerte temblor en Guayas que afectó a varias provincias, inclemencia de las lluvias desatando inundaciones y destrozos, principalmente viales, deslaves como Alausi en donde se ha perdido la vida en más de una decena de pobladores, se demuestra que vivimos en total vulnerabilidad frente a desastres naturales.

La depredación de la naturaleza es impresionante, minería ilegal y legalizada pero impuesta a la fuerza por las grandes empresas y los intereses económicos que destruyen selvas, ríos y áreas protegidas del país, como lo que está sucediendo en la amazonía, Imbabura y otros territorios.

Entre el 50 % de continuó desabastecimiento de medicinas en hospitales públicos que, sumado a la ausencia de profesionales médicos y especialistas, pone en riesgo la vida de miles de ecuatorianos. No existe una política de salud preventiva que es menos costosa que la curativa.

La institución de seguridad social inmersa en la corrupción, ha malversado los recursos que, en su mayoría, pertenecen a los afiliados, solo hasta el 2028 podría existir fondos para el pago de pensiones, una de las causas fue eliminar el 40% del aporte estatal a la pensión jubilar bajo responsabilidad de Rafael Correa y de la corrupción desmesurada. Se habla de eliminar el aporte patronal en general, aprobar la modalidad de afiliación individual como régimen único, aumentar los años requeridos para jubilarse y reducir los servicios. Podría desaparecer el seguro social campesino.

El déficit habitacional es complejo en Ecuador, hogares con familias hacinadas, alquiler costoso e imposibilidad de acceder a financiamiento de vivienda propia y ausencia de programas de vivienda social. En las grandes ciudades, inmensos asentamientos por invasiones.

El “bom” migratorio del exterior a nuestro país se ha reducido, sin embargo se ha generado dos conflictos de mediana intensidad:

Por un lado, quienes vinieron no pueden satisfacer sus necesidades de vida: empleo, vivienda, alimentación, salud y educación; gran parte se encuentra en condición de calle, en la mendicidad y muchos han ingresado a las filas de la delincuencia, las mujeres han caído en las garras de quienes se dedican a la trata de blancas – prostitución .

El segundo problema, frente a la ausencia de empleo y bajo costo de mano de obra, generado por el aumento de extranjeros en el país y falta de políticas públicas de fomento productivo, constituye la nueva ola migratoria de ecuatorianos al exterior, Panamá ha sido el camino escogido, solo en el 2022 habrían salido del país alrededor de 30 mil ecuatorianos en la búsqueda del “sueño americano”.

Los gobiernos locales no se excluyen de la situación generada que, en el nivel de sus competencias, han sido incapaces de gestionar la cosa pública con incapacidad, creatividad, transparencia y participación. No sólo que se han impuesto obras, sino que estás, a parte de tener sobre precio, no corresponden a las exigidas y necesitadas por los habitantes.

El entrampamiento político demuestra que es poco el interés de ellos, si de los políticos, por los habitantes y la naturaleza. A los legisladores de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacutik, Creo, independientes, les mueve más tener el control de la presidencia del órgano legislativo, del Consejo de Participación, Contralor o Fiscal y la presidencia de la república.

La Asamblea, cuya función es legislar, se ha dedicado a “condecorar”, más de 6000 reconocimientos entregados frente a unas cuantas leyes aprobadas y que no responden a la realidad y necesidades del país.

Según las encuestas, la confianza y credibilidad del presidente es menor al 25%, mientras que la asamblea no llega ni al 10%, sin considerar lo que la población opina sobre las demás instituciones, es evidente que se ha perdido la confianza en general de la institucionalidad, el sistema y el mismo Estado.

Dos sectores que forman parte del Estado , sin ser estructuras públicas pero si instituciones sociales, son los medios de comunicación y los movimientos.

Por un lado, existe algunos medios de comunicación, no todos, que su línea editorial es la “desinformación” y posicionamiento deshonesto sobre los sucesos políticos, lo último no es incorrecto, lo inadecuado es que siendo espacios de comunicación ejerzan censura previa para quienes no están en su “linea”.

Por otro lado, los movimientos sociales que mantienen su línea de conducta, los indígenas y la CONAIE, en una alianza silenciosa con sectores legislativos, se movilizan bajo el argumento de exigir la atención a los pueblos pero con el trasfondo de llegar al control del poder político o presidencia del país.

Un juicio político al presidente de la república está en marcha, más que los causales argumentados por los legisladores, partidos políticos que gobiernan y otros sectores, tiene mayor peso lo señalado en los párrafos que anteceden.

Contrario al juicio político el presidente tiene en sus manos la muerte cruzada, con o sin justificación jurídica, podría aplicarlo en caso de contar con el apoyo de las fuerzas armadas.

En todo caso, con juicio político y destitución presidencial, muerte cruzada o no, tenemos un Estado Fallido, como sociedad existe un desgaste político, ético y democrático, la recuperación y transformación depende mucho de calificar la participación ciudadana y su formación cívica, el conocimiento y desarrollo del análisis crítico y reflexivo de la realidad y el rol que en conjunto podamos jugar para proyectar, más que un Estado, un modo de vida cooperativo, solidario y equitativo.