*Fausto Giraldo
En el Ecuador contemporáneo, la discusión política parece haberse transformado en un tribunal sin jueces ni pruebas. Nadie duda que el Correismo cometió errores graves en el ejercicio del poder, ni que algunos de sus integrantes fueron o están vinculados a redes delictivas. Esa percepción forma parte del imaginario político del país desde el gobierno de Rafael Correa.
Pero aceptar eso no implica absolver a sus adversarios. Tampoco significa que el anticorreísmo esté libre de vínculos con estructuras delictivas. La realidad ecuatoriana muestra algo más inquietante: la sospecha.
La desconfianza generalizada no es solo percepción. Según el informe del Latinobarómetro, “la confianza en las instituciones públicas en América Latina se mantiene persistentemente baja y en algunos países no supera el 20 %”. Ecuador no es una excepción: vive dentro de esa crisis estructural de legitimidad.
Cuando nadie cree en nadie, la política deja de ser representación y se convierte en confrontación permanente.
La situación se vuelve aún más confusa cuando actores vinculados al narcotráfico han declarado públicamente contra el Correismo y han sido escuchados incluso en espacios institucionales como la Asamblea Nacional del Ecuador.
Recientemente, un delincuente conocido como “Pipo” afirmó que el actual presidente Daniel Noboa sería autor intelectual del crimen contra Fernando Villavicencio.
El problema central no es solo lo que se dice, sino lo que falta: pruebas materiales, procesos judiciales sólidos, sentencias verificables. La palabra del delincuente se convierte en argumento político, pero no en evidencia jurídica.
La lógica de la credibilidad queda fracturada: ¿por qué creer a unos acusadores y no a otros?, ¿qué convierte un testimonio en verdad cuando el sistema judicial no logra confirmarlo?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que “la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana”
Ese es el punto crítico: cuando el sistema pierde legitimidad, toda acusación parece posible y ninguna parece demostrable.
No se trata solo de políticos. El problema es más profundo. Muchos ecuatorianos sienten que el sistema completo —instituciones, élites, estructuras de poder— está corrompido.
El Índice de Percepción de la Corrupción señala que “la corrupción debilita la democracia, erosiona la confianza pública y agrava la desigualdad social”
Esa frase describe el estado emocional del país: desgaste, frustración, impotencia. Mientras el poder disputa narrativas, la mayoría social —trabajadores, empresarios honestos, familias, jóvenes— observa desde fuera. No participan en esas luchas, pero sufren sus consecuencias: inseguridad, incertidumbre económica, miedo cotidiano.
La política se convirtió en espectáculo. La ciudadanía, en espectadora obligada. Y el dolor más profundo no es la polarización, es la sensación de abandono.
La crisis ecuatoriana es de credibilidad estructural, no solo política. La desconfianza no distingue ideologías ni actores.
Las acusaciones sin pruebas destruyen más que los delitos que pretenden denunciar.
Sin justicia verificable, todo se vuelve sospecha. La mayoría social vive emocionalmente agotada y políticamente desplazada.
Ese vacío es el mayor riesgo democrático.
