Por Raúl Chávez
Experiodista acreditado ante la ONU-Ginebra
El gobierno del expresidente y prófugo de la justicia Rafael Correa inició una campaña a nivel internacional denominada “La Mano Sucia de Chevron” por el daño ambiental y destrucción de la naturaleza en las comunidades de la Amazonía.
En 2011 el Tribunal Provincial de Lago Agrio, fallo a favor del Estado ecuatoriano en contra de la empresa petrolera Chevron al pago de $9.500 millones de dólares, monto confirmado por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, también, la Corte Constitucional del 2018, emitió una resolución a favor de los afectados por la petrolera transnacional Chevron declarando que “no existía vulneración de derechos constitucionales” como alegaba Chevron.
Chevron denunció fraude procesal y presentó un arbitraje internacional en la Haya, argumentando corrupción judicial en Ecuador. En 2018, un tribunal arbitral dictaminó que hubo violaciones al Tratado Bilateral de inversiones, Denegación de Justicia y otorgó la razón a la empresa. En el último fallo arbitral con fecha 9 de diciembre 2025, el Tribunal de la Haya ordenó al Estado ecuatoriano pagar 220 millones a Chevron, reduciendo la demanda original de 3.350 millones en un 93.4%.
La campaña de “relaciones públicas” del gobierno de Correa, realizado en contra de Chevron, tuvo un costo de 6.4 millones de dólares en contratos con MCSquared, una agencia de relaciones públicas. El objetivo lograr la “simpatía” de la comunidad internacional y lograr desacreditar a la compañía petrolera Chevron, además, se “contrató” servicios de celebridades internacionales que le costó al país 2.5 millones más, para la movilización hasta los campos petroleros en la Amazonía que supuestamente “apoyaban la causa”, sin olvidar el costo de producción de la película “El Juego Sucio” producida con dinero y recursos públicos por parte del entonces procurador del Estado Diego García.
El Procurador General, Íñigo Salvador, en 2021, confirmó que fue “un acto abiertamente de corrupción, pues la sentencia que el juez dio a conocer no fue redactada por él; le dieron redactando”. Otro Chucky seven…en referencia al “protagonista de una sentencia judicial en uno de los más sonados casos de libertad de expresión que tuvo el país, en la época de Rafael Correa…”.
El Estado ecuatoriano admitió el fraude en el año 2022, por lo que la Fiscalía General del Estado inició una investigación por “fraude legal del siglo”, el gobierno de turno de esa época pidió que se apliquen sanciones en contra de funcionarios incluido R. Correa, en caso de que el país pierda ese litigio”, ¡Ecuador perdió y el derecho de repetición a estos exfuncionarios debe ser efectivo! En el ámbito público el Estado tiene el derecho de recuperar el dinero que paga por sentencias judiciales, sean nacionales o internacionales, por acción u omisión de funcionarios que causaron perjuicio.
Aristóteles, decía que “El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad”, la confianza y la credibilidad son cruciales para las relaciones del gobierno con sus mandantes. En esta comedia delirante al puro estilo Tarantino con “actores” como Ricardo Patiño, excanciller y actual asambleísta, organizó el ‘Día Anti-Chevron’, la participación del ex Procurador del Estado Diego García productor de la película “El Juego Sucio” y en el rol principal de la comedia el inigualable Rafael Correa.
Sus “performances” o sus actuaciones frente al pueblo ecuatoriano tiene el costo de 220 millones y como extra nos dejan huellas profundas a saber que la virtud se mide por la ignorancia … ¡extraordinario!
