La asambleísta por la provincia de Pichincha, Jhajaira Urresta, presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la Prevención de Siniestros de Tránsito Asociados al Exceso de Velocidad y la Conducción Bajo los Efectos del Alcohol.
Una iniciativa impulsada junto a la Coalición por la Movilidad Segura Ecuador que busca fortalecer la seguridad vial, reducir las muertes y lesiones graves en las vías del país, así como endurecer las sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito.7
“Hoy la Asamblea Nacional le dice basta al incremento del consumo de alcohol por parte de los transportistas y de la misma manera la velocidad que nos está acortando la vida”, enfatizó Urresta.
La propuesta plantea reformas al COIP con el objetivo de prevenir accidentes ocasionados principalmente por el exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez, considerados actualmente entre las principales causas de siniestralidad vial en el Ecuador.
La iniciativa establece penas privativas de libertad de tres a cinco años para quienes ocasionen un siniestro de tránsito con resultado de muerte, sanción que aumentará de cuatro a seis años cuando existan agravantes como conducir excediendo los límites de velocidad, manejar bajo efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, circular con vehículos en malas condiciones mecánicas o infringir límites especiales en zonas escolares, hospitalarias o residenciales.
El proyecto también incorpora un nuevo artículo al COIP para regular específicamente las contravenciones por exceso de velocidad, clasificándolas en leves, graves y muy graves, según el número de kilómetros excedidos sobre el límite permitido. Las sanciones incluyen multas económicas progresivas y suspensión temporal del derecho a conducir en los casos más severos.
Asimismo, se sustituye el artículo 385 del COIP para endurecer las sanciones por conducción bajo los efectos del alcohol. La propuesta establece nuevas escalas de multas, pérdida de puntos en la licencia, suspensión del derecho a conducir y privación de libertad, dependiendo del nivel de alcohol en sangre.
