La Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, recibió en modalidad virtual, observaciones de los delegados del Ministerio de Defensa y del Consejo de la Judicatura.
Luis Fernando Andrade, capitán de Fragata, en representación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentó propuestas orientadas a fortalecer la iniciativa. Reiteró que, a través de la reforma, se busca proteger la fe pública, evitar la simulación de autoridad, reducir delitos mediante engaño, fortalecer la seguridad estatal y la confianza ciudadana, así como prevenir la infiltración delictiva dentro de las instituciones de seguridad.
Entre las principales recomendaciones se planteó incorporar nuevos agravantes cuando los delitos sean cometidos por servidores o exservidores de entidades relacionadas con la seguridad que utilicen conocimientos institucionales, protocolos o acceso a uniformes, insignias o credenciales oficiales para facilitar la simulación de autoridad o inducir a error a terceros.
Asimismo, se propuso reformar el artículo relacionado con la comercialización no autorizada, ampliando su alcance para incluir no solo uniformes e insignias, sino también equipos de protección como chalecos antibalas, cascos, distintivos, credenciales y otros accesorios institucionales.
La propuesta establece que la persona natural o jurídica que fabrique, importe, distribuya, comercialice o ponga en circulación estos elementos sin autorización será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma pena se aplicaría a quienes lo hagan a través de plataformas digitales, redes sociales o cualquier medio telemático sin verificar la acreditación oficial del comprador y sin contar con la autorización del ente competente.
