Petroecuador como parte de un proceso técnico de revisión de estructuras remunerativas, procedió al proceso de desvinculación de 70 servidores públicos de la empresa, lo que significa un ahorro de 1.7 millones de dólares anuales.
Este grupo corresponde a casos de personal sobrelavorado, que presentan distorsiones salariales superiores al 100% respecto al valor de sus puestos establecidos en la tabla salarial vigente.
En algunos casos las remuneraciones mensuales superan incluso a las de los gerentes y subgerentes de la empresa.
Petroecuador considera que durante años se permitió que ciertos funcionarios perciban salarios dorados, excesivos y sobrevalorados.