Por: Rodrigo Herrera, Gerente Senior de PwC
El Ecuador experimentó dos etapas totalmente distintas las cuales marcaron la economía en estos diez últimos años de gobierno, la primera denominada “bonanza” y la segunda “recesión”.
Este primer momento, al que llamaremos “bonanza” se refiere a la riqueza y estabilidad económica que experimento el país alrededor de ocho años, principalmente gracias a la exportación de crudo, componente importante del Presupuesto General del Estado que en el gobierno de Rafael Correa alcanzó el segundo boom petrolero que ha tenido el país desde que exporta petróleo debido a los altos precios. Otro factor que marcó esta etapa fue la recaudación tributaria, a partir del 2007 las Autoridades Fiscales promulgaron alrededor de diez reformas tributarias, por ejemplo, entre las más importantes el anticipo mínimo del impuesto a la renta, el incremento del impuesto a la salida de divisas, el límite a la distribución de la participación laboral, normas específicas para sectores industriales, incremento de los aranceles en importaciones, salvaguardas arancelarias, entre otras. Generando así un incremento en los gastos de inversión del Gobierno pero también un aumento en los gastos corrientes. El Gobierno dinamizó la economía en ese periodo, incentivando el consumo y las actividades productivas privadas.
El segundo momento, denominado “recesión” se suscitó a finales del 2015 e inicios del 2016 por la caída del precio del petróleo, alcanzando su nivel más bajo en los últimos doce años y comprometiendo así la economía de los países dependientes de este recurso, entre ellos Ecuador. La reducción de exportaciones petroleras generó un deterioro de la balanza comercial reduciendo de manera significativa los ingresos del Gobierno; lo que llevo a las Autoridades Gubernamentales a través del Servicio de Rentas Internas a incrementar la recaudación de tributos. Así, desde ese momento y hasta la actualidad el sistema tributario se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos.
Por otro lado, el 16 de abril de 2016 marcó un antes y después del acontecer nacional, el terremoto que devasto a la provincia de Manabí y parte de Esmeraldas incidió de manera activa en una baja económica, generando impactos sociales como el sub-empleo y la informalidad en el trabajo.
El nuevo Gobierno (mayo de 2017) recibió un país con altos niveles de endeudamiento y sin los recursos económicos necesarios para reactivar la economía; hasta la presente fecha no se ha puesto en marcha los ofrecimientos realizados en la campaña electoral, como atraer a nuevos inversionistas extranjeros de la mano de un nuevo proyecto de ley en materia tributaria. Por lo tanto, para incentivar la inversión extranjera sería importante el generar cambios tributarios atractivos, así como minimizar el riesgo país, con normas jurídicas claras, con el objeto de que las inversiones no sufran cambios ni regulaciones, y así alcanzar nuevos márgenes de confianza y seguridad para la inversión extranjera.
