Fausto Giraldo
Definitivamente el gobierno tiene en la mira el bolsillo de los ecuatorianos, si no es a través de impuestos lo hace por la focalización del subsidio de combustibles, por recortar los ingresos de los trabajadores y por la “CORRUPCIÓN”.
Acaba de decidir la “liberación del costo de los precios de los combustibles”, claro al momento ablanda el golpe mencionando que son costos inferiores a los vigentes, siendo esto un espejismo sobre la base de que el precio de los combustibles si son liberados está sujeto al costo del petroleo y al momento es bajo por la pandemia pero ya en tiempos de comercialización normal estos se dispararán por mas que se ponga una banda o techo. Adicionalmente significará esta medida que se disparen los precios y suba el costo de vida que de por si con la misma pandemia a destrozado la economía de los hogares.
La Ley de Finanzas aprobada por los asambleistas y promovida por el régimen es inconstitucional ya que la norma suprema señala la irreductibilidad de las remuneraciones, sin embargo el régimen se empecina en recortar los salarios del sector público. Además la ley menciona que “se pondrán de acuerdo trabajadores y patronos, mas no el patrono impondrá a los trabajadores la reducción de la jornada laboral y de remuneraciones”, es decir una medida ilegal e inconstitucional evidente que con seguridad será demandada y ha de rechazarse por parte de los trabajadores. Se entendería que por eso el régimen pidió que se eliminen las contribuciones de la ley humanitaria para ejecutar de forma no tan clara y legal esta medida.
Eliminar, suprimir, unificar ministerios y secretarias en tanto no se deje en abandono políticas de Estado, se tome en cuenta la situación de los trabajadores y de ser de áreas estratégicas no se tenga el interés de privatizar las operaciones, que al parecer eso mueve al régimen. Se querrá vender los ferrocarriles, la linea aérea y las empresas que quizá son rentables.
Cerrar consulados y embajadas debe ser producto del análisis de la política comercial y de relaciones internacionales, si estas solo fueron creadas para favorecer a partidarios de los gobiernos de turno hay que eliminarlas, así también es necesario que sean responsables de las embajadas funcionarios de carrera y no apoderados políticos, tal cual como ha venido sucediendo.
Defiende fehacientemente el pago de la deuda externa, vamos a otorgar su supuesta validez, las dudas surgen en torno al objeto de inversión de los supuestos recursos obtenidos por esta operación, es decir ¿en que han invertido esos dineros si la educación, salud, ayuda humanitaria y dinámica económica no reflejan en su estado la inyección de recursos como estos de 1400 millones que supuestamente han recibido pero que no hay?.
Habla de asignar 1000 millones para financiamiento del aparato productivo, situación que estará por verse en cuanto a los resultados.
Dos puntualizaciones finales:
La reducción de ingresos de los trabajadores afectarán dos lineas del ámbito financiero:
la primera es que al no tener liquidez, los trabajadores no podrán comprar los productos de las empresas que recibirían el financiamiento de reactivación económica, por lo que la recesión económica se mantendrá o la recuperación será lenta, las empresas no podrán recaudar recursos de forma rápida para pagar los creditos y por tanto caerán en mora ante las entidades financieras y su crisis se agudizará.
Si los trabajadores reducen sus ingresos se reduce también el consumo y por ende al bajar el consumo baja la recaudación de impuestos, generando una doble afectación:a los trabajadores que no podrán satisfacer a plenitud sus requerimientos y al Estado que no podrá hacer una plena recaudación fiscal.
Y un aspecto final es la “CONFIANZA” o mejor dicho “DESCONFIANZA” en la administración pública, en el gobierno, en como se han robado los recursos del Estado quienes manejan la cosa pública, por lo que no se sabrá que sucederán con miles de millones de dolares que supuestamente se quieren recaudar.
Tómese en cuenta el total descrédito de las instituciones del Estado, entre ellas el ejecutivo por corrupción, la Asamblea Legislativa desprestigiada totalmente por su actuación y los entes de justicia por falta de aplicación de la misma frente a los actos de corrupción.
