Fausto Giraldo
Sábado 20 de febrero del año 2021, al caer la noche decenas de personas se instalaban en improvisadas campañas de descanso en el “Parque del Periodismo” junto al coliseo “Luis Leoro Franco” en la ciudad de Ibarra. Familias enteras integradas por niños en brazos y a pie, mujeres embarazadas y hombres, la mayoría fluctúa los 35 o 40 años. Para un transeúnte común podría considerarse ese suceso visual como una especie de “damnificados de un desastre natural”, pero no es así, es el desastre social y político de la era populista y la macroeconomía liberal.
Según las estadísticas proporcionadas por los órganos oficiales, solo de Venezuela habría salido aproximadamente cinco millones de personas en condición de migrantes y de la totalidad de migración de extranjeros a Ecuador el 77% son de este país vecino, a partir del año 2014 hasta la fecha estarían aproximadamente 400 mil venezolanos de los cuales más de la mitad son hombres y un 48% son mujeres, la mayoría tiene entre 18 a 53 años, seguido de personas entre 36 y 55, el menor porcentaje es de niños de 0 a 17 años.
Muchos venezolanos y venezolanas que cumplirían con los criterios para ser reconocidos como refugiados no solicitan protección internacional a través de los procedimientos de asilo y, en cambio, optan por otras formas legales de estadía en el país, que pueden ser más rápidas de obtener y permiten acceso al trabajo, la educación y los servicios sociales, sin embargo, cientos de miles de migrantes permanecen sin ningún tipo de documentación o permiso regular, y por lo tanto carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos.
La mayoría de los refugiados y migrantes de Venezuela que llegan son familias con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. A menudo obligados a tomar rutas irregulares para alcanzar la seguridad, pueden ser víctimas de traficantes, tratantes y grupos armados irregulares. Más y más familias llegan con recursos cada vez más escasos y tienen una necesidad inmediata de documentación, protección, albergue, alimentos y medicamentos.
El mismo sábado 20 dialogué con “JM”, un joven de 23 años quien me relato el estado actual de vivencia de los habitantes en su país y las condiciones socio económicas: “los migrantes de la calle en Ecuador y otros países no tienen nada que perder porque en Venezuela solo tienen eso, “la calle”, no hay empleo, los salarios apenas si alcanzan para algo de comida, dícese salud y educación gratuita pero la gente no tiene nada, nos morimos de hambre” subraya.
No existe un dato oficial de cuántos migrantes estarían en la ciudad de Ibarra, un importante grupo de quienes migraron primero lograron hacerse de empleos y cierta condición económica permanente, otros si bien no tienen recursos prefieren vender dulces y artículos varios antes que resignarse a estar en la calle sin rumbo, sin embargo el índice de crecimiento de la indigencia migratoria es notable y alarmante, más allá de lo que los datos estadísticos o la información oficial lo señale.
En el día, calles, avenidas, esquinas, mercados, áreas comerciales, barrios residenciales son transitados por familias completas qué estiran sus manos para recibir “donaciones” en dinero o alimentos, llámese caridad o limosna”, para vivir el día a día, mientras que por las noches arman sus campamentos de descanso con plásticos, cartones o a la interperie, en cualquier lugar que les oculte de la vista general, terrenos baldíos, portales de edificaciones, iglesias, puentes, caídas de los ríos y quebradas. Pero el espacio ya no es suficiente y entonces hoy por hoy las aceras de avenidas y los propios parques son espacios de esta “ indigencia flotante y cada vez más numerosa”.
¿Qué política pública se implementa en Ibarra para contener y mitigar está problemática social?, Las autoridades deben responder según sus niveles de competencia pero a simple vista no hay una estrategia adecuada en este aspecto, ACNUR Y HIAS en sus capacidades ejecutan un gran esfuerzo con los pocos recursos que tienen y es loable y digna de felicitar, conozco de su arduo trabajo, no puedo decir lo mismo de la autoridad pública, pero precisa que el poder público desde lo local hasta lo nacional gestionen la problemática en una mesa técnica y política inclusiva de movilidad y tracen líneas de acción, las ejecuten y den rumbo a toda la población migrante que, siendo vulnerable por su necesidad, puede vulnerar también la convivencia social y los pescadores de la xenofobia tendrán leña para incendiar la ciudad, figurativamente hablando.
