Fiscalización unificó juicio político a miembros del consejo de participación ciudadana.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, con cinco votos afirmativos, reconsideró y unificó las dos solicitudes de juicio político en contra de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de conformidad con lo establecido en el artículo 80.1, inciso primero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Estas solicitudes fueron propuestas por los asambleístas Salvador Maita y Mireya Pazmiño en contra de los cuatro consejeros de mayoría; y, por Ricardo Vanegas y José Chimbo, en contra de los siete integrantes de este organismo.
El artículo 81.1 de la LOFL, en su parte pertinente determina que la Comisión de Fiscalización podrá acumular dos o más solicitudes de juicio político en caso de identidad en el sujeto y conexidad en los hechos y que puedan ser tramitadas en los mismos tiempos procesales; una vez acumuladas las solicitudes, se considerará un solo proceso de juicio político.
De esta manera, la comisión notificará a los funcionarios interpelados: Hernán Ulloa, presidente; Ibeth Estupiñán, Juan Javier Dávalos, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Sofía Almeida y David Rosero, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como a los solicitantes del juicio político, para que en el plazo de 15 días presenten su contestación a las acusaciones y las pruebas que sustenten sus afirmaciones, respectivamente.
Entre las causales del juicio político, los asambleístas Maita y Pazmiño acusan a los consejeros Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo de incumplir y arrogarse funciones constitucionales y legales al mantener favoritismo con una postulante en el proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y la modificación del Reglamento para la Designación y Selección de la Máxima Autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando el proceso se encuentra en curso.
Mientras, en el caso del proceso planteado por Ricardo Vanegas y José Chimbo, el incumplimiento de funciones de los siete miembros del CPCCS se fundamenta en la destitución de Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, para lo cual no tenían facultad legal; la designación de Cristian Cruz como superintendente de Bancos, pese a incumplir requisitos; y, la designación de César Córdova, como Defensor del Pueblo encargado, quien era funcionario del Consejo.

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