Sobre la base de cuarenta y un elementos de convicción, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, sustentó la formulación de cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel B. y Juan José M., y el juez provincial de Pichincha Vladimir J. por el presunto delito de tráfico de influencias.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para ambos vocales del CJ y el juez provincial. Ellos deberán presentarse cada ocho días ante la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Además, tienen prohibición de salida del país.
A esto se sumaron las medidas de carácter real: retención de cuentas por el valor de 5.100 dólares –cada uno– y la prohibición de enajenar bienes.
La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un ex Asambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión –por parte de un medio digital– de una grabación magnetofónica el 15 de junio de 2022, en la que se daba cuenta de una conversación entre los vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Gustavo O., sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Ll., para mantenerse en el cargo.
La reunión se habría efectuado la mañana del 2 de junio de 2022, en una oficina ubicada en el norte de Quito, fuera de las dependencias de la Judicatura. Allí, los vocales involucrados –según consta en la grabación– le solicitaron directamente a Gustavo O., juez integrante del Tribunal, que debía conocer y resolver la acción de protección, que falle a favor y en el menor tiempo posible.
En este hecho habría colaborado el juez provincial Vladimir J., pues sería quien dio las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, afirmando que se trataba de una oficina de Juan José M., incluso, exponiendo argumentos para motivar el fallo solicitado por las autoridades de la Judicatura ahora procesadas.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal General del Estado presentó los elementos que constan en el expediente fiscal, entre los que mencionó oficios, memorandos, versiones, informes de reconocimiento del lugar de los hechos, el acta de recepción de testimonio anticipado de una testigo protegida, el peritaje que contiene la transcripción del audio de la grabación de la reunión en la que participaron los vocales del CJ mencionados y tres jueces más.
La Fiscal señaló que los ahora procesados –Juan José M., Ruth Maribel B. y Vladimir J.– habrían participado en el grado de autores directos y cómplice, respectivamente.
La instrucción fiscal de este caso tendrá una duración de ochenta días.