Tras acoger el pedido de la Fiscalía, el juez de Garantías Penales, Francisco Mendoza, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Iván E., exministro de Bienestar Social y otros 3 procesados, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
De igual manera, dispuso la prisión preventiva del exministro y de Walter A. Mientras que a Johanna V. y Juan Carlos B., les ratificó la prohibición de salida del país, el uso de dispositivo electrónico y la presentación periódica ante la autoridad judicial.
Posterior a ello, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, sustentó su acusación en más de 30 elementos de convicción que harían presumir la participación en el hecho delictivo de los procesados Iván E., Walter A., Johanna V., en el grado de autores, y Juan B., como cómplice. La suma del presunto delito ascendería a los USD 770.000,00.
El Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificados de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE (periodo 2010-2016), el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría General del Estado (2012-2016) y las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas, SRI, son parte de los elementos de convicción expuestos por la fiscal Proaño en la audiencia.
La Fiscalía señaló en su intervención que Iván E. presentó situaciones inusuales en sus actividades económicas como persona natural. Adquirió un bien inmueble ubicado en una urbanización privada en la vía a Samborondón, valorado en USD 335.000,00, que fue pagado en parte con un préstamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS y la diferencia fue cancelada en efectivo.
De igual manera, la Fiscalía puntualizó ciertas irregularidades en los movimientos bancarios ya que el exministro no presentó documentos de respaldo de sus cuentas de ahorro y corriente. Estos valores fueron calculados en USD 63.000,00, a ello se suma los pagos y consumos inusuales en las tarjetas de crédito de Iván E. y su esposa, según informes de la Contraloría.
Finalmente, la fiscal Proaño expresó que Iván E. no justificó en sus declaraciones juramentadas la compra de un vehículo de lujo valorado en USD 36.000,00.
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