Ibarra (Imbabura), 20 de abril de 2022.- Como parte de su política de cero tolerancia ante la corrupción, la Fiscalía General del Estado procesó a una funcionaria, quien –tras la audiencia de juicio– fue sentenciada a tres años de pena privativa de libertad por su participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.
La investigación determinó que Marjuri A., abusando de las funciones encomendadas como responsable de Talento Humano de la Fiscalía Provincial de Imbabura, a cuyo cargo tenía la administración del sistema biométrico de asistencia, adulteró los datos informáticos con la finalidad de favorecerse en el registro de asistencia, a fin de evitar reportes de retraso a su nombre.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscal del caso comprobó la existencia de la infracción con los informes de las pericias practicadas a los equipos informáticos, que confirmaron la eliminación de alrededor de 300 registros; testimonios de otros funcionarios y de los agentes investigadores que participaron en la causa.
Al final de la audiencia, la sentenciada solicitó la suspensión condicional de la pena impuesta, lo cual fue aceptado por el Tribunal, disponiendo el cumplimiento de las condiciones dispuestas en el artículo 631 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador.
Además, se dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización del Juez de Garantías Penitenciarias, cumplir con trabajos comunitarios y con la publicación de disculpas públicas en el diario de mayor circulación de la provincia y en la página web de la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, deberá presentarse periódicamente ante la autoridad designada por el Juzgador y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Información jurídica
El delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos está tipificado en el artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
UNACEM Ecuador y pacto global lanzan iniciativa para el desarrollo industrial sostenible
Este martes, 23 de octubre, Pacto Global Ecuador y UNACEM Ecuador se comprometieron a liderar el trabajo del sector privado en torno a la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocados en el ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”, cuya meta es la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible […]