El Consejo de la Judicatura, a través de sus direcciones provinciales, implementó un sistema especial de atención para las víctimas de violencia, mientras dura la emergencia sanitaria COVID -19.
En cada una de las provincias, unidades judiciales con competencia en materia de Flagrancia atienden casos relacionados con violencia contra las mujeres, y miembros del núcleo familiar.
En las dependencias que conocen estos casos se designaron servidores que atienden los requerimientos de las víctimas de forma presencial o telefónica, de acuerdo a las circunstancias y particularidades de cada localidad.
Los servidores judiciales coordinan las diligencias correspondientes en cada caso y de esta forma, aseguran que las personas afectadas por actos de violencia accedan a una atención judicial oportuna.
Israel Lozada, director provincial del CJ en Imbabura, indicó que la atención a víctimas de violencia de género está habilitada en todos los cantones de la provincia.
“Nuestro compromiso es brindar una atención inmediata a las personas violentadas, evitando la re victimización. Por la emergencia sanitaria nuestros funcionarios judiciales cuentan con las medidas preventivas para precautelar su salud y de la ciudadanía”, sostuvo la autoridad provincial.
