(jsp)
Durante la pasada campaña política hemos escuchado una serie de propuestas que tienen que ver con un cambio de modelo administrativo del país, de las provincias, de los gobiernos locales, planteamientos que a la postre se confunden con la demagogia porque con el paso del tiempo, los gobernantes terminan haciendo exactamente lo contrario de lo que ofrecieron.
Hay varias propuestas de ley para combatir a la corrupción, pero cada cierto tiempo nos llegan noticias de que tal o cual funcionario no ha declarado sus bienes, coincidentemente son propiedades avaluadas en cifras importantes y sus propietarios son personas vinculadas al poder; sería importante que se legisle para concretar la propuesta para sancionar el enriquecimiento ilícito, a través de la presentación obligatoria de la declaración del impuesto a la renta y patrimonio, previos a la posesión de un cargo público.
El país que queremos los ecuatorianos tiene que encasillarse en términos de equidad en la distribución de la riqueza y de los ingresos, no puede ser que haya grandes brechas entre trabajadores del sector público y privado, no pueden existir ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
El Ecuador que añoramos debe ser en el que se respeten las libertades públicas, en donde haya libre acceso a las fuentes, en donde el ciudadano común pueda plantear sus inquietudes al gobernante sin necesidad que por medio haya temores, buscamos un país de oportunidades, en donde haya espacio para el trabajo, la producción, en donde la población pueda desarrollarse, crecer y sobrevivir dignamente.
El Ecuador que queremos al momento está muy distante por las ambiciones políticas, las ambiciones de poder que carcomen las estructuras del estado y que hacen posible el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de las grandes mayorías, esa injusticia es el caldo de cultivo para la corrupción, la delincuencia y puede constituirse a futuro en el germen del descontento social.
