Dos concejalas de Ibarra, piden a la Fiscalía de Imbabura investigue un supuesto delito de concusión en el Municipio.

Las concejalas de Ibarra, Tania Chamorro y Lucía Posso, por separado, presentaron oficios dirigidos al Fiscal provincial de Imbabura, Julio Ponce para que se investigue un supuesto acto de corrupción que habría ocurrido en el municipio de Ibarra referente a un cargo en dicha institución.
La concejala, Tania Chamorro, señaló que en vista de una denuncia en redes sociales en donde se menciona a la alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, su madre Miran C. y al asesor Alex G por su participación en un presunto delito de concusión porque aparentemente se ha entregado un cargo en el municipio de Ibarra a cambio de dinero.

La concusión es un delito y se presenta cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución. También incluye el cobrar más de lo que corresponde por las funciones que realiza.
Indicó que la señorita Yajaira Belén Villarreal efectivamente ingresó a trabajar en el municipio de Ibarra en el puesto de auxiliar de supervisión con un sueldo de 622 dólares.
En mi calidad de concejal de Ibarra, en aplicación del artículo 282 numeral 1 del Código Orgánico de la función judicial y en base al Cootad que establece que podemos legislar y fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal, presento esta noticia para que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones del caso que permitan determinar la existencia del delito denunciado y los responsables, sostiene la concejala en su oficio

Lucía Posso
También la concejala, Lucía Posso, solicitó mediante oficio al Fiscal de la provincia de Imbabura, un pedido para que se investigue un presunto delito de Concusión respecto de contrataciones en el municipio de Ibarra, requiriendo de la autoridad que dicha investigación se amplíe a otro tipo de delitos como cohecho y otros que presumiblemente podrán derivarse por la naturaleza del caso.
Enfatizó que realizará las gestiones para una investigación amplia en lo administrativo y de control a todos los contratos realizados en la presente administración municipal.
Este caso fue denunciado en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y medios de comunicación en los que circularon audios y videos.

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