Desde el año 2003 se celebra en todo el mundo cada 9 de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás.
Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, eso sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción, esto implica un total del 5% del producto interior bruto (PIB) mundial.
Esta cifra es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierdes es diez veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los ciudadanos.
La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.
Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, pero la mala conducta y las irregularidades están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos de la crisis de COVID-19. El Día Internacional contra la Corrupción de 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos -incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes- en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, no solo los países deben unirse y afrontar este problema global con una responsabilidad compartida. Todas las personas -tanto jóvenes como mayores- tienen un rol que cumplir para prevenir y combatir la corrupción a fin de fomentar la resiliencia y la integridad en todos los niveles de la sociedad.
Para lograrlo, es necesario establecer políticas, sistemas y medidas para que las personas puedan alzar la voz y decir no a la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hace hincapié en la responsabilidad de los gobiernos de implementar medidas efectivas de protección a los denunciantes, para así garantizar que los mismos estén protegidos contra cualquier posible represalia. Estas medidas contribuyen a que las instituciones sean eficaces, responsables y transparentes, y a que haya una cultura de integridad y equidad.
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