La lucha contra la corrupción hoy es una necesidad histórica, impostergable y un compromiso que tiende a generar conciencia en quienes queremos vivir en democracia, pues ésta se nutre y enriquece con la participación ciudadana que afianza y fortalece el desarrollo de nuestras sociedades.
Sin embargo, la democracia está amenazada de muerte por la corrupción y, siendo una condición indispensable para la paz y el desarrollo de los pueblos, tenemos que preservarla de todo acto que atente contra sus instituciones.
Para eso, se hace indispensable que los gobiernos adopten como política de Estado una serie de mecanismos efectivos de carácter preventivo, legal, político, económico y social a fin de buscar la cooperación necesaria entre los países que como el nuestro, viven cotidianamente con la corrupción, encontrar las medidas apropiadas nos permitirá identificar sus vínculos y tentáculos.
Los hechos ocurridos del Ecuador de fines del siglo XX, el peculado bancario, dan cuenta de presuntos autores de delitos de enriquecimiento ilícito que huyeron del país con los dineros del Estado y que a pesar de que las autoridades conocen donde se encuentran hasta hoy resulta difícil repatriarlos y extraditarlos, y lo que es peor aún recuperar sus capitales.
En lo local, el Municipio de Ibarra está envuelto en un escándalo público por el supuesto delito de estafa en el que habrían incurrido dos funcionarios municipales, el uno ya preso, el otro con boleta de detención.
Es un caso confuso que debe aclarar la justicia, porque si alguien es culpable por recibir dineros a cambio de un favor, también es sujeto pasivo de cohecho quien acepta y da esos dineros para tales fines.
El pedido de dólares a cambio de facilitar un puesto es de vieja data en el sector público, pero es un hecho que por repetitivo, no puede aceptarse; caiga quien caiga tienen que ser sancionados los responsables, incluidos quienes apoyan estos actos reñidos con la ley.