El defensor del Pueblo, César Córdova, en su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales, ratificó que hubo vulneración de derechos de los comuneros, en los hechos ocurridos en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, los días 23 y 24 de enero de 2023, con la presencia de efectivos militares y policiales que prestaban seguridad a una compañía minera.
Subrayó que el dinero del narcotráfico es igual al dinero que circula en el mercado como producto de la minería ilegal, a la vez aseguró que existen mafias que están enquistándose en diferentes sectores. En el caso de lo ocurrido en Buenos Aires, dijo que le llama la atención cómo se realiza un amplio despliegue militar y policial para impedir la presencia de comuneros de la zona, en defensa de una transnacional, cuando hay una crisis de seguridad pública en el país.
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Imbabura, Luis Cueva, presentó videos y fotografías con los cuales demostró la detención arbitraria de comuneros, el trato degradante que se les dio, atándoles las manos con cinta de embalaje y otros vejámenes que están debidamente documentados. Inclusive, añadió, “se pretendió evitar que nosotros, como funcionarios de la Defensoría, ingresemos al lugar para cumplir nuestro trabajo”.
Indicó que existe un contrato de servidumbre de paso en una franja de terreno, por 24 hectáreas, por el cual la compañía paga mil dólares mensuales y una instalación, denominada Puesto de Mando de Fuerzas Armadas, cuando se trata de una actividad privada, razón por la cual no entienden cómo se permitió que exista dicho espacio.
La Defensoría reveló que ha realizado todas las acciones para que las autoridades expliquen estos sucesos. Les parece extraño, también, que la Fiscalía del Estado no haya llegado a tiempo, cuando ocurrían presuntos delitos.
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