La Comisión de Educación se pronunció por requerir de la ministra de Educación, Monserrat Creamer, que presente de forma inmediata un plan de contingencia, ante la posibilidad del cierre de instituciones educativas particulares y la migración que se daría al sistema público.
En cualquier caso, los parlamentarios se comprometieron a garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del sistema, en todos sus niveles, durante el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario.
Jimmy Candell, titular de la mesa, expresó que se debe valorar las alertas de los centros privados (guarderías, escuelas, colegios y universidades), en el sentido que la reducción de costos de pensiones y matriculas ahondaría la situación económica calamitosa que viven y que conllevaría a su colapso. A esto se sumaría, continuó, la deserción que bordearía el 30 % y la imposibilidad de que el sistema público pueda acoger a un alto número de alumnos de las entidades privadas.
El parlamentario Marcelo Simbaña argumentó que hay incertidumbre en que el Gobierno cumpla con las compensaciones mencionadas, dada la severa crisis económica del Estado. Estas inquietudes fueron compartidas por Silvia Salgado, Amapola Naranjo y Dallyana Passailaigue.
Bajo estos antecedentes, la Comisión aprobó una resolución que, entre otros puntos, determina que el texto del artículo 8 de la Ley de Apoyo Humanitario, al establecer un descuento generalizado del 20 %, no logra focalizar este beneficio para quienes verdaderamente lo necesitan
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