El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó a la Asamblea Nacional la propuesta de reforma legal por la cual se plantea que los funcionarios que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por una contravención o delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mientras se encontraren en desempeño de su puesto, cargo, función o dignidad, estén prohibidos de ejercer ningún cargo público por dos años; y, de forma definitiva, en la institución estatal en la cual laboraban.
El documento fue entregado este 25 de noviembre por el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, a la titular de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, en la ceremonia de develamiento de una placa que recuerda a las víctimas de femicidio y sus familias en Ecuador.
El proyecto, donde se establece que la prohibición se aplicará incluso cuando se trate de contratos de servicios profesionales u ocasionales, implica reformas a los artículos 10 de la Ley Orgánica de del Servicio Público (LOSEP); y 77 y 100 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
El planteamiento del CJ tiene como propósito fortalecer el combate a la impunidad relacionada con actos de violencia de género. Así lo explicó el doctor Jalkh, quien señaló que es necesario contar con una legislación penal adecuada y rigurosa que permita al agresor reflexionar sobre sus acciones, más aún cuando se trata de alguien que desempeña un cargo público.