La Asambleísta de Imbabura, Silvia Salgado, indicó que desde el año 2017 en la parroquia de Buenos Aires del Cantón Urcuquí, fue minimizada por el Estado una problemática de inseguridad y violación de derechos humanos que se da en el contexto de la actividad minera y de la masiva presencia de población nacional y extranjera en búsqueda de fuentes de trabajo aún a costo de riesgos en contra de la integridad, salud y vida de las personas.
Manifestó que han transcurrido cerca de dos años en los que se constata la presencia de una actividad ilegal de mineros artesanales, que son en su mayoría población vulnerable, pobres, migrantes nacionales y extranjeros, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, a esto se suma los moradores de las comunidades de Buenos Aires y de la zona norte quienes dan su testimonio sobre la presencia de grupos armados que se disputan el control de la zona estableciendo sus propias reglas en el trabajo.

Categorías: Sin categoría