Con el objetivo de fortalecer el control estatal, cerrar las puertas a la impunidad y garantizar la recuperación de recursos públicos, el asambleísta por Imbabura Pablo Jurado Moreno presentó este martes 16 de diciembre un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, una iniciativa que busca corregir vacíos normativos que han provocado pérdidas millonarias para el Ecuador.
La propuesta legislativa surge tras un análisis técnico y jurídico minucioso, desarrollado por el legislador y su equipo asesor, que evidenció cómo la caducidad y prescripción de procesos de control, entre los años 2015 al 2025, han impedido que el Estado determine responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad penal, afectando directamente las finanzas públicas.
Recursos
Según explicó Jurado, estos recursos no recuperados habrían permitido financiar obras esenciales como escuelas, universidades, hospitales y la provisión oportuna de medicamentos, entre otras necesidades prioritarias para la población. “Cada proceso que caduca representa dinero que el país pierde y oportunidades que se cierran para miles de ecuatorianos”, señaló.
El proyecto plantea optimizar los procedimientos de la Contraloría General del Estado, exigiendo mayor eficiencia, eficacia y oportunidad en la determinación de responsabilidades, de manera que los actos de control no queden inconclusos ni beneficien a quienes deben rendir cuentas ante la ley.
El asambleísta destacó que la iniciativa no solo apunta a reforzar la lucha contra la corrupción, sino también a garantizar seguridad jurídica y transparencia institucional, pilares fundamentales para recuperar la confianza ciudadana en el sistema de control público.
Tras su presentación, el proyecto deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y, de cumplir los requisitos, será remitido a la comisión especializada permanente correspondiente, donde se iniciará el trámite legislativo para su análisis y eventual aprobación.
