Juan Carlos O. G., alcalde del cantón Aguarico en funciones, fue sentenciado a tres años de prisión como autor directo del delito de uso doloso de documento falso, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía Provincial de Orellana.
Como multa, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos —Juez ponente del Tribunal de juzgamiento— dispuso el pago de diez salarios básicos unificados. Además, ordenó al Ministerio de Educación y al Registro Civil la anulación del registro del título de abogado y la actualización de la instrucción superior del ahora sentenciado.
Como reparación integral, el Tribunal dispuso que el procesado ofrezca disculpas públicas por haber lesionado el bien jurídico protegido que es la fe pública. El texto completo tendrá que permanecer publicado por un año en el sitio web del Ministerio de Educación.
Las pruebas de Fiscalía
La Fiscalía Provincial de Orellana demostró que Juan Carlos O. G. utilizó documentos no auténticos: un título de abogado, un récord académico y un certificado de modalidad presencial de estudios de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
Estos documentos fueron presentados en agosto de 2019 para registrar su título de abogado en la extinta Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), actualmente integrada al Ministerio de Educación, y para firmar como abogado en documentos públicos y privados.
El testimonio de la Directora de Registros y Admisiones de la Universidad fue concluyente al señalar que el procesado no cursó estudios en dicha institución, afirmación respaldada por el perito documentológico, quien determinó inconsistencias en los códigos QR de los certificados.
Asimismo, durante el periodo en el que el procesado afirmó haber estudiado en Colombia, no registró movimientos migratorios de salida del país, según certificó la Dirección Nacional de Migración.
Tampoco constan permisos, licencias ni comisiones de servicios en el departamento de Talento Humano del Municipio de Aguarico en el periodo en que el procesado cumplió funciones de concejal, conforme los testimonios rendidos en juicio por compañeros de trabajo y superiores.
El Tribunal concluyó que, con base en esos documentos falsos, obtuvo un título de tercer nivel en Ecuador y se presentó como abogado, firmando documentos judiciales, oficios municipales y memorandos, conforme las pericias practicadas sobre doce documentos para verificar la autenticidad de su firma.
Finalmente, el Tribunal señaló que Juan Carlos O. G. conocía la falsedad de los documentos: “nadie puede presentar como propios títulos de una universidad en la que jamás estudió, en un país al que no viajó”, y agregó que no se acreditó una trayectoria académica real en dicha institución.
Durante el juicio, el alcalde de Aguarico se acogió a su derecho constitucional al silencio.
El fiscal provincial de Orellana, Franklin Saltos Haón, anunció que presentará el recurso de apelación, al considerar que no se valoró la agravante de servidor público prevista en el artículo 47, numeral 19, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), conforme lo expuesto en su acusación.
