El Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, presentó un recurso de garantía jurisdiccional de Acción de Protección contra el Primer Mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, para exigir la asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia.
La Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares. De estos, 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.
Así lo revelaron las autoridades del Consejo de la Judicatura, durante un encuentro en el que participaron directores provinciales de la institución, representantes de la Corte Nacional de Justicia y presidentes de las Cortes Provinciales.
El doctor David Guzmán Cruz, Director General del Consejo de la Judicatura, explicó que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno.
Señaló que los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.
Actualmente, en el país existen 1978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8.
La Acción de Protección también fue presentada contra el Ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el Procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.
