Antonio Posso Salgado vocero del Bloque Parlamentario Democrático de la Asamblea Nacional denunció que, con la promulgación de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública aprobada recientemente por la mayoría gobiernista de la Asamblea Nacional, que en su artículo 14 introduce una Disposición General Novena denominada Contribución Especial de Mejoras, se está consumando un nuevo golpe a la economía de los ecuatorianos, pues se aprueba un nuevo impuesto para los propietarios de los inmuebles particulares ubicados geográficamente cerca de obras públicas realizadas por el gobierno central.
Posso explicó que esta contribución se genera por la supuesta revalorización de los predios “afectados” por la realización de una nueva obra del gobierno y que los propietarios de los predios “beneficiados” con la revalorización serán obligados al pago de la misma.
El legislador imbabureño advirtió que este nuevo impuesto va atado a la pérdida de autonomía de los GADS, pues en una ley anterior se mutilaron las potestades de los gobiernos seccionales al imponerles una entidad sancionadora como lo es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial que tiene la potestad de sancionar y aún de destituir a los alcaldes y prefectos elegidos democráticamente.
