Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana; Ismael Espinoza, titular de la Federación Odontológica Ecuatoriana; y Carlos Ulfe Machuca, representante de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, coincidieron en que los profesionales de la salud enfrentaron el COVID-19 sin armas, sin contar con los insumos e implementos de bioseguridad indispensables para cumplir con su trabajo.
Esto lo señalaron durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización que inició el juicio político en contra del ex ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Detallaron que en el contexto de la pandemia han fallecido 390 médicos, más de un centenar de enfermeras, más de 60 odontólogos y otros tantos camilleros y personal de apoyo.
“No descansaremos hasta reclamar y conseguir medidas de reparación frente a las condiciones con las cuales se enfrentó la pandemia, que llevaron a la pérdida de centenares de vidas de quienes hemos estado en primera línea de combate al COVID-19”, enfatizaron.
Además, criticaron el incumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario que dispuso el otorgamiento del nombramiento definitivo para quienes trabajaron en primera línea. Y qué decir de la vacunación de los profesionales de la salud, pues en Pichincha, por ejemplo, no hay un solo odontólogo que haya recibido la vacuna contra el COVID-19, pese a que están a solo 20 centímetros de la boca de sus pacientes.
Previo al cierre de la sesión virtual 54, la Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de los ocho presentes, decidió, como prueba de oficio, requerir la comparecencia de Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, quien expondrá los fundamentos de la resolución por la cual se dispone a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la investigación de todo lo actuado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y por el Ministerio de Salud Pública durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
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