“Ibarra debe saber que estamos agotando todas las instancias, todos los recursos para lograr defender los intereses económicos de nuestra población”, aseveró Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra al referirse al litigio del Municipio con la familia Morejón
Desde hace dos años y medio la actual administración municipal ha trabajado en la presentación de recursos legales que posibiliten el acuerdo de pago entre la Familia Morejón y el Cabildo, sin afectar a nadie, sin embargo no se ha logrado tener una respuesta positiva de las instancias legales, aclaró.
Manifestó que hoy queda una opción apegada al cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo la misma que resuelve devolver los siguientes terrenos: 1) Terreno cedido para la apertura de la Av. Teodoro Gómez de la Torre y Av. Heleodoro Ayala lado oriental entre la Av. José Tobar y Av. Teodoro Gómez, cuya extensión real es de 11.692,30 m2
2) El terreno correspondiente al área verde de la lotización del señor Jorge Morejón donde consta el parque Pilanqui cuya extensión real es de 31.237,11m2.
El resultado del peritaje del 28 de agosto del 2012 realizado por el Ing. Alex Novillo Avilés, designado por el Tribunal Contencioso Administrativo, no está apegado a la realidad. En el documento se indica que son 67.604,11 m2 lo que debe pagar el Municipio cuando la realidad es de 42.929,52 m2 es decir 24.674m2 menos, señaló.
“No se puede seguir ocultando la verdad. En la administración municipal anterior no se dijo nada sobre el valor del m2 que según el peritaje llega a costar 150 dólares, cuando los estudios indican que el valor es de 50 dólares”, anunció Castillo.
Las otras resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo son: cancelar la deuda o dimitir bienes. “No podemos ir por ninguna de las dos opciones citadas, porque el Municipio no cuenta con esos recursos y no vamos a poner en riesgo ningún bien. Además si lo hacemos estaríamos dando la razón al peritaje que no dice la verdad del proceso”.
“Vamos a defender a Ibarra hasta el final”, expresó Castillo, al tiempo que indicó que es injusto que se pretenda cobrar 10.193.347,71 dólares por terrenos que nunca han sido utilizados.
“Vamos a enviar la resolución al Tribunal Contencioso Administrativo, esperaremos un plazo aproximado de 10 días para conocer los resultados, de ser negativo se pone en riesgo la ejecución de obras, salarios de empleados e inclusive dineros que han sido adjudicado para el proyecto Pesillo- Imbabura”, acotó Castillo Aguirre.
