Respecto a la ley de Fomento Productivo, la asambleísta Silvia Salgado, afirmó que no se puede trasladar el costo de la crisis a los sectores vulnerables y capas medias, pues los ingresos por 2500 millones de dólares que el estado dejaría de percibir por remisión de multas e intereses podría desmantelan la inversión social.
En este sentido la parlamentaria indicó que las deudas a los evasores deben ser cobradas, para lo cual deben implementarse mecanismos efectivos para la recuperación de esa cartera. Además exigió una auditoría integral al proceso de cobros a los evasores.
Salgado señaló que el 90% de la deuda en disputa lo concentra el 5% de las empresas, las más poderosas del país. 1180 millones de dólares se perdonarían a 30 grupos entre los cuales se encuentran petroleras, bancos, una bananera y una telefónica. Finalmente mencionó que como socialista no puede apoyar una ley que perjudica a la mayoría de la población, despide trabajadores, privatiza empresas públicas mientras perdona deudas y quita impuestos a los grupos económicos más poderosos.
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