El Contralor General del Estado, Pablo Celi; la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; Catalina Andramuño, ministra de Salud; representantes de las cámaras de comercio, industrias, turismo y otros actores estatales y sociales dieron sus versiones en la Comisión Multipartidista, presidida por Fernando Burbano, que investiga los hechos registrados entre el 2 y 13 de octubre pasado, con ocasión del paro nacional.
Luego, en su comparecencia ante la Comisión Multipartidista, Celi sostuvo que “el ataque a la Contraloría responde a tres objetivos: atacar la memoria documental del control público; destruir la capacidad operacional; y romper la secuencialidad de la cadena de control. Insistió que se trata de una agresión, un ataque y un atentado contra una institución que no es parte de la función ejecutiva, que no tiene ninguna relación con los elementos que se contenían en la protesta social.
Por su lado, Diana Salazar, expuso los hechos técnicos jurídicos que conciernen a la Fiscalía. Recordó que el derecho a la protesta no está solo amparado en la Constitución, sino en instrumentos internacionales. No obstante, las expresiones de violencia, de llamamiento a la violencia, cuando afecten los derechos de otro, no forman parte de una protesta social pacífica.
Informó que esta protesta no pacifica puede desencadenar en varios tipos penales contemplados en el COIP, como la rebelión, destrucción de bienes, sabotaje, destrucción de registrado, instigación, entre otros delitos. El estado de excepción se adopta en un marco constitucional que tiene como característica la restricción de algunos derechos.
Durante el paro se presentaron principalmente causas por ataque o resistencia, destrucción de bienes de patrimonio cultural, incitación a la discordia, paralización de un servicio público, violación a la propiedad privada, entre otros, mencionó la Fiscal. Entre los casos de connotación están las denuncias presentadas por instigación, presentada por persona particular en contra de tres asambleístas; tentativa de asesinato, en contra de funcionarios del Estado, ministra de gobierno, ministro de defensa; paralización de servicio público en contra de un asambleísta, quien ya está sentenciado.
Categorías: Sin categoría
