Luego de cinco años de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, la Asamblea Nacional envió las reformas a esta normativa al Registro Oficial para su puesta en vigencia. La ley comprenderá la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación. Por tanto, desarrolla, protege, promueve, garantiza, regula y fomenta los derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos de derechos humanos y en la Constitución.
Se eliminan las normas deontológicas, a fin de que estén alineadas a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión; la Supercom; la figura del linchamiento mediático, en virtud de que vulnera derechos individuales y colectivos a recibir información; las sanciones administrativas en contra de los medios de comunicación. Se prohíbe la censura previa para autoridades y funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones, pretendan aprobar o desaprobar contenidos a difundirse.
Además, establece la responsabilidad civil por afectaciones a derechos humanos, reputación, honor y el buen nombre de personas afectadas. Cuando se vulneren los derechos de la comunicación, se establecerán mecanismos de reparación integral como: capacitaciones, talleres o campañas educativas dirigidas a los trabajadores de la comunicación y disculpas públicas.
Prevé el derecho a las personas para exigir a los medios de comunicación rectifiquen información inexacta o agraviante emitida en su perjuicio, a sus familiares o sobre asuntos a su cargo. Determina que los contenidos que difundan los medios de comunicación social deberán precautelar la integridad de niñas, niños y adolescentes.
La ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente a través de veedurías, asambleas ciudadanas u observatorios, a fin de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación. Se incluye la protección a los trabajadores de la comunicación, así como también a sus familiares por parte del Estado y los medios de comunicación.
